El Gobierno cierra filas contra "las bandas organizadas"

El Gobierno francés cerró ayer filas y el primer ministro, Dominique de Villepin, y su enemigo político y gran perdedor en estos días de violencia, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, olvidaron ayer sus diferencias para intentar atajar la crisis. Villepin se reunió a lo largo de la jornada con los alcaldes de las poblaciones de la periferia parisiense así como con representantes de asociaciones cívicas.

Mientras por un lado lanzaba una llamada a la calma, al "restablecimiento del orden público" y prometía castigar a los culpables de la violencia, por otro reconocía la necesidad de tomar medidas para la integración de los habitantes de estos barrios, auténticos excluidos sociales, en cuya indignación y odio está el origen del problema. El ministro de Empleo, Jean-Louis Borloo, lo resumió así: "Es necesario conjugar los aspectos sociales y el mantenimiento del orden público".

Para Villepin, los culpables son "bandas organizadas que establecen la ley en ciertos barrios, redes del crimen y del tráfico de drogas que se aprovechen de los desórdenes para prosperar". El primer ministro prometió aumentar los esfuerzos en educación, asignando más docentes a estos barrios, pareció apuntar a un restablecimiento de la policía de proximidad, desmantelada por Sarkozy, mejorar los servicios públicos y, sobre todo, promover el empleo entre los jóvenes.

La discriminación que sufren los jóvenes de estos barrios, hijos de familias inmigrantes del Magreb o subsaharianos, ha salido también a la superficie y se señala como uno de los catalizadores del odio. Cuando se viene de según qué barrios o cuando se tiene según qué apellido, ni siquiera un buen currículo asegura un empleo. En este sentido, es significativa la intervención del presidente de la gran mezquita de París, Dalil Boubakeur, que pidió respeto para la comunidad musulmana y condiciones de vida dignas que permitan a los jóvenes "encontrar el camino de la serenidad".

"Firmeza y justicia"

Sarkozy habló ayer y repitió la consigna: "Firmeza y justicia", y en una clara advertencia a los traficantes y jefes mafiosos de los barrios, que controlan la economía sumergida, anunció que los servicios policiales van a interesarse por el patrimonio de "quienes no trabajan y pueden pagarse coches que los que trabajan no pueden comprar".

Desde la izquierda siguen las críticas a la actuación del Gobierno, aunque ayer los argumentos eran los mismos que estos últimos días, centrados especialmente en la prepotencia y el lenguaje agresivo del ministro del Interior y su política de "tolerancia cero" que ha encendido la banlieue. En este sentido, Le Monde citaba ayer a uno de los jóvenes encapuchados anunciando: "Esto no es más que el comienzo, continuaremos hasta que Sarkozy dimita".