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La Guardia Civil desaloja sin incidentes las 19 viviendas ocupadas en tres bloques de Jun

Todos los presuntos usurpadores abandonan los pisos de manera voluntaria

Recogieron sus enseres, los cargaron en sus coches y se marcharon. Los ocupantes de las 19 viviendas presuntamente usurpadas en tres bloques de la avenida de Granada de Jun (2.050 habitantes) no opusieron resistencia a los agentes de la Guardia Civil que les comunicaron la orden de desalojo decretada el miércoles por el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada. A los que no tenían medios para llevarse sus muebles se les dio un plazo de 24 horas más para dejar la casa. Una pareja de okupas que vivió allí durante dos años será realojada en otra vivienda.

Unos 50 agentes del Servicio de Intervención Rápida (SIR, antidisturbios) de las comandancias de la Guardia Civil de Granada y Madrid se presentaron en los números 4, 6 y 8 de la avenida de Granada hacia las diez de la mañana para comunicar a los ocupantes de 19 viviendas (el auto del juez citaba 20, pero una estaba repetida por error) que debían desalojar el edificio y que si no lo hacían se les expulsaría por la fuerza.

Los guardias recorrieron puerta por puerta todos los pisos comunicando la orden del juzgado decretada a las diez de la noche del pasado miércoles. Hacia mediodía, prácticamente la mitad de los presuntos usurpadores del inmueble (como los califica el auto de la juez) comenzaron a hacer las maletas sin oponer resistencia. Al final del día todas las viviendas estaban ya vacías. Dos asistentes sociales de la Diputación de Granada presenciaron el desalojo para atender a los ocupantes que precisaran su ayuda.

Una de las primeras en marcharse fue Gracia, ocupante procedente del polígono del Almanjáyar que durante el tiempo que permaneció en el inmueble se mostró muy activa al reivindicar su derecho a quedarse con ella. Gracia hizo varios viajes de ida y vuelta con su Renault Espace para llevarse a sus hijos y sus muebles a otro lugar que no quiso precisar. Otros presuntos usurpadores hicieron lo mismo, abandonando el lugar antes del mediodía sin hacer declaraciones.

Otros, como Óliver y Josefa, un matrimonio con varios niños pequeños, acudieron al centenar de periodistas allí congregados para anunciar que pretendían oponer resistencia. "Hasta que el alcalde no me dé los 1.200 euros que me he gastado en esta casa y traiga un camión para que se lleve mis muebles, no me pienso ir de aquí", aseguró Óliver, que ocupó un primer piso del número 8 el pasado viernes. "Si el alcalde nos echa se va a meter en un problema muy gordo", añadió.

Al final, optó por sacar sus muebles a la puerta del patio del edificio con cierta dramatización. Primero colocó el sofá, después la mesa, los muebles del salón y hasta la tele. "Esto es la vía pública, así que de aquí no me pueden echar", afirmó el ocupante. A última hora, sin embargo, decidió marcharse. Los agentes le advirtieron de que sus niños no podían dormir en la calle y que si persistía en su actitud llamarían a los servicios sociales para que se los llevaran a un lugar protegido.

"Nos vamos a casa"

También terminó yéndose una joven de 16 años que dijo llamarse Soraya. La adolescente aseguró que tenía un bebé de menos de un mes y que, debido a su expulsión, tendría que dejarlo con su suegra para dormir en un coche en plena calle, porque en su casa "ya no caben más personas". Al final se marchó montada en una furgoneta Renault Kangoo azul con varios ocupantes, entre ellos Encarna Heredia, una anciana que, asomada a la ventana, dijo: "Nos vamos a nuestras casas porque en este barrio no nos quieren".

Álvaro y María del Carmen, otra pareja que aseguró que había ocupado su piso hace dos años y medio, también fueron expulsados del inmueble. Salieron con su colchón empaquetado y lo colocaron en la puerta del Ayuntamiento, donde mostraron su certificado de empadronamiento del consistorio, de febrero de 2005, y donde constaba como domicilio la casa de la que les desalojaron. Hacia las dos de la tarde, el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez (PSOE), aseguró que los servicios sociales municipales se encargarían de buscarles otra vivienda "porque están integrados en el pueblo".

El Ayuntamiento, contiguo a los bloques ocupados, permaneció cerrado mientras duró la operación policial. El regidor, que el sábado denunció que algunos de los ocupantes le amenazaron con una pistola, estuvo escoltado todo el día por el único policía local del pueblo y otro agente vestido de paisano. Rodríguez explicó que el Ayuntamiento va a construir una plaza mayor, un teatro al aire libre y aparcamientos en un solar adyacente a los bloques ocupados. El pleno aprobó en abril la compra de esos terrenos por un millón de euros a sus propietarios. Las mismas personas que, según el propio alcalde, poseen la mayoría de los pisos que ayer por la tarde volvieron a quedar vacíos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de noviembre de 2005