La propuesta inicial británica de Presupuesto no soluciona las necesidades de España

La presidencia británica de la Unión Europea presentó ayer oficialmente a los demás Estados miembros su primera propuesta escrita de Presupuestos (las llamadas Perspectivas Financieras 2007-2013). El documento británico, un escueto texto de apenas tres páginas y sin cifras, advierte que "un acuerdo en el consejo de diciembre sobre el calendario de la reforma del presupuesto y el alcance de su revisión ayudaría a lograr un acuerdo global sobre las perspectivas". Aunque con cuatro meses de retraso, al fin los británicos empiezan a hablar del Presupuesto.

El momento de la revisión de Presupuesto de la Unión Europea, la llamada modernización, en el sentido de rebajar el peso de las ayudas agrícolas y aumentar los gastos de investigación e innovación, es uno de los aspectos más polémicos de las negociaciones que empiezan ahora. El Reino Unido intentará que esta revisión se inicie antes de 2013, mientras que numerosos países insisten en no modificar el acuerdo sobre Política Agrícola Común (PAC) firmado por los jefes de Estado y Gobierno en 2002, hasta después del actual presupuesto, es decir, no modificar el paquete agrícola hasta después de 2014.

Los cambios de impresiones sobre el presupuesto comunitario empezarán hoy en la reunión a nivel de embajadores y la primera discusión a nivel de ministros de Exteriores se celebrará el próximo lunes, con un plazo de un mes y medio para lograr un acuerdo. El Reino Unido considera que la propuesta de la anterior presidencia de Luxemburgo, que no prosperó, precisamente, por su propia oposición, "continúa disfrutando de un amplio apoyo".

La propuesta de Londres se centra en tres ideas clave: reforma de la estructura del Presupuesto, su modernización y evaluación de los recursos totales. El texto se apoya básicamente en los cinco puntos de la carta enviada por el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, al premier británico, Tony Blair, el pasado 20 de octubre.

En ella se sugiere la conveniencia de destinar hasta un 60% de los recursos de cohesión a fomentar la competitividad a través de gastos en investigación e innovación. Un dispositivo similar se establecería con los Fondos de Desarrollo Rural.

Otra iniciativa de Barroso, también recogida por la presidencia británica, es la creación de un Fondo de Ajuste Global, para afrontar los casos de empresas en crisis por efectos de la globalización.

El enunciado, sin más precisiones, sobre el origen de este fondo ha despertado una seria preocupación en España. "El documento no soluciona el problema español. Estamos en contra de recortar el Fondo de Cohesión o el Fondo de Fomento Rural para crear un nuevo Fondo", manifestó ayer una fuente diplomática española. La misma fuente insistió en que España se opondrá a que entre en vigor cualquier modificación de la Política Agrícola Común antes de 2014.

El aspecto más impreciso del documento británico es el referente a los recursos propios, es decir los recursos de los que dispone la Unión Europea para realizar sus políticas. La cuestión de fondo, que impidió el acuerdo el pasado junio, la reducción del cheque británico no aparece planteado de ninguna manera y ni siquiera se menciona su existencia.

Rebaja progresiva

En las anteriores negociaciones numerosos países plantearon una rebaja progresiva del cheque británico (unos 5.000 millones de euros anuales) que recibe el Reino Unido en compensación por no participar en los fondos agrícolas y estructurales. El rechazo de Tony Blair a esta petición fue la causa fundamental del fracaso de la cumbre del pasado junio.

El cheque británico, aunque no se nombre, volverá a ser uno de los asuntos más polémicos en las presentes negociaciones. Mientras varios países proponen una reducción progresiva del cheque que recibe el Reino Unido, éste y otros Estados propugna un mecanismo de corrección generalizado de los saldos netos que afectaría a varios países.

En cualquier caso, España no quiere seguir siendo el tercer país que más aporta al cheque, con unos 700 millones de euros anuales de media, después de Francia (1.515 millones) e Italia (1.255). También exige que el Reino Unido contribuya a los costes de la ampliación.