Por un País Valencià

El proyecto de construir un País Valencià es hoy una idea más inalcanzable como consecuencia, paradójicamente, de la reforma del Estatuto Valenciano. Quienes de verdad nos tomamos en serio nuestro pasado, pero aún más nuestro futuro común en paz y progreso, no podemos aceptar que los intereses partidistas y los compromisos centralistas priven a toda una sociedad de sus legítimas aspiraciones a tener un verdadero autogobierno que nos represente ante el resto del Estado y que sepa ejercer sus funciones en un marco estatutario digno.

Parece que no hemos aprendido nada. La historia vuelve a repetirse sin que se advierta un progreso. Hoy, como en 1982, las esperanzas e ilusiones de una importante parte de los valencianos se han visto defraudadas. La izquierda ya hizo entonces destacables concesiones para que saliera adelante el acuerdo. La derecha aceptó entonces a regañadientes el juego democrático a costa de imponer sus condiciones. Ahora, desprendida ya de los lastres del pasado y con todo descaro, ha vuelto a repetir la jugada sin que, de nuevo, el PSPV haya intentado contrarrestarlo, anteponiendo los dictados de Madrid a nuestros propios intereses.

Son muchas las carencias de este nuevo Estatut que merecen nuestra crítica y nuestro rechazo. Nuestro objetivo fundamental ha sido explicar a nuestros ciudadanos que la reforma estatutaria pactada por PP y PSOE no avanza en la recuperación de la identidad valenciana, ni resuelve los problemas clave de nuestro país. Nosotros no hacemos políticas de salón. Nos preocupan más lo problemas de cada día y nuestro futuro. Cosas tan nítidas como el que seamos la tercera Comunidad peor financiada del Estado. Cosas como no tener un modelo que nos permita gestionar las competencias de manera adecuada. Si a esto le sumamos el despilfarro de los sucesivos gobiernos del PP, la consecuencia lógica es que estemos a la cola en los indicadores que miden prestaciones básicas como la enseñanza, la sanidad o los servicios sociales.

Los redactores del proyecto han optado por la propaganda en lugar de abordar con seriedad la negociación de un sistema de financiación que refleje la realidad valenciana y aporte soluciones estables, sin ánimo alguno de alcanzar privilegios que no nos correspondan, pero tampoco haciendo concesiones de aquello a lo que tenemos derecho. Esta es la vía para desarrollar las competencias que se gestionan si aspiramos de verdad al autogobierno político y no a ejercer una mera gestión administrativa al dictado de Madrid y en desigualdad de condiciones respecto a otras Comunidades.

En el ámbito municipal las carencias son similares. No se ha considerado la financiación municipal, ni el listado de competencias de los ayuntamientos, pese a la clara solicitud hecha por la FEMP en tal sentido. Los redactores sólo se han referido a la creación de un Fondo de Cooperación Municipal, que no es más que un compromiso incumplido desde 1999. Tampoco se ha avanzado nada en nuestra histórica división territorial supramunicipal: las comarcas. Al contrario, se vuelve a fomentar el protagonismo de las diputaciones provinciales, creadas en el siglo XIX, remitiendo la división comarcal a una futura ley. Se da la espalda así a unas señas de identidad en las que los valencianos se reconocen, al valor histórico de unas comarcas que configuran y reflejan aspectos comunes en la forma de vivir y de enfrentar los problemas de las gentes que se sienten y saben habitantes de ellas.

Los derechos básicos de los valencianos no sólo no aparecen garantizados, sino que ni siquiera son adecuadamente reconocidos. El proyecto no habla de derechos exigibles, sino de principios rectores. Se recurre a las fórmulas "la Generalitat velará", "procurará...", lo que no es más que una declaración de buenas intenciones. Así, los derechos lingüísticos, de participación, de igualdad de género, de un medio ambiente adecuado, de conservación de nuestro patrimonio histórico, artístico, tecnológico-industrial y científico o de prestaciones sociales básicas, entre otros, quedan en una nebulosa semántica sin garantías reales, lo que también queda de manifiesto al remitir el texto a una futura ley que, según dicen, regulará su contenido.

Por el contrario, cuando se habla de los trasvases la redacción se esfuerza en dejar claro que "se reconoce el derecho a la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad". El PP usa el proyecto de Estatut para volver a hacer demagogia, promoviendo la confrontación, y evitando llevar a cabo una política hídrica y medioambiental sostenible.

Frente a este proyecto, nosotros proponemos una reforma que dé solución a los problemas de los ciudadanos y garantice derechos hoy por hoy en peligro. Un Estatuto que avance en democratización y autogobierno político porque todavía aspiramos a ese País Valencià, por quimérico que a algunos les parezca.

Isaura Navarro es diputada de EU por Valencia.