Bush elige a un juez muy conservador para ocupar un puesto en el Supremo
El sector más derechista del Partido Republicano celebra la candidatura de Samuel Alito
George W. Bush maniobró ayer con rapidez para cambiar de tema y tratar de distanciarse de la funesta semana pasada: el presidente nombró al juez Samuel Alito para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo. Recién humillado por el sector ideológicamente más rígido del Partido Republicano, que hizo descarrilar la nominación de su consejera jurídica, Bush eligió a un candidato con un perfil muy conservador -pero con sólidas credenciales jurídicas- que le servirá para cerrar filas entre los suyos, pero que encontrará resistencias entre los demócratas.
"Alito tiene más experiencia jurídica que cualquier anterior propuesta para el Supremo de los últimos 70 años", afirmó Bush, como diciendo "a ver si os atrevéis a tacharle de peso débil, como a Harriet Miers", su frustrada opción inicial, cuya candidatura fue retirada hace cinco días, y olvidándose de Roberts, propuesto por él mismo hace unas semanas.
El candidato, juez del Tribunal de Recursos de Filadelfia, "es un hombre que valora cuidadosamente los méritos legales y aplica la ley basado en principios" y tiene "una distinguida carrera, un mesurado carácter judicial y una tremenda integridad personal", añadió el presidente.
La pelea que no se dio en el caso del nuevo presidente del Supremo, el juez John Roberts, y que el presidente quiso esquivar, sin conseguirlo, con Harriet Miers, se desencadenará sin duda con Alito, de 55 años y con un perfil que no deja lugar a dudas a partir de su apodo, Scalito, con el que se quiere recordar su proximidad étnica -ambos son de origen italiano- y sobre todo filosófica a Antonin Scalia, uno de los dos magistrados más a la derecha del Tribunal Supremo (aunque Alito es mucho más discreto que Scalia y en varias ocasiones no ha coincidido con sus opiniones).
Alito, que empezó como fiscal y que es juez desde hace 15 años, enseñó ya ayer sus cartas: "Los jueces tienen el deber de interpretar la Constitución y las leyes fielmente y con imparcialidad, para proteger los derechos constitucionales de todos los estadounidenses, y deben hacerlo con tacto y contención, teniendo siempre en mente el papel limitado que los tribunales juegan en el ordenamiento constitucional". En otras palabras, el juez reivindica la corriente conservadora restriccionista, poco amiga de reconocer amparos legales no señalados por los autores de la Constitución.
Revisando el historial
En cuanto a su historial, lo más polémico tiene que ver con su posición de 1991, cuando se quedó en minoría al no querer anular una ley de Pensilvania que exigía la necesidad de notificación conyugal (permiso del marido) para que una mujer interrumpiera su embarazo. El caso fue al Supremo, que mantuvo la anulación de la ley.
El debate sobre el aborto, constitucional desde el caso Roe vs. Wade de 1973, es un elemento de polarización en el país. La mayoría de la población no quiere que se altere (aunque hay restricciones que encuentran amplio eco), y ésa es también la opinión del nuevo presidente del Supremo, pero la ofensiva para recortar la ley es la razón de ser de numerosos grupos políticos y religiosos.
El debate sobre el juez -que, por otra parte, hace cinco años votó con la mayoría en Filadelfia al anular una ley que pretendía ilegalizar los abortos tardíos y que ha tenido fallos judiciales en defensa de las minorías- girará en torno a estos ejes. Es fácil pronosticar que los defensores del aborto y los grupos de mujeres -Alito escribió en 1996 que las quejas por discriminación sexual llegaban con demasiada facilidad a los tribunales- serán la punta de lanza de la ofensiva. La primera salva llegó ayer: "Es una afrenta que el presidente sustituya a una conservadora moderada
[Sandra O'Connor, la juez que deja la vacante libre en el Supremo] por un conservador duro", según la Federación de Planificación Familiar.
Pero Bush no sólo no teme, sino que quizá necesita la pelea, y muy probablemente la tendrá. Harry Reid, líder de la minoría en el Senado y un hombre que había expresado sus simpatías por Miers, dijo ayer que hay que averiguar si su sustituto "es demasiado radical para los estadounidenses". Y Charles Schumer, del Comité Judicial del Senado, lamentó la nominación: "Es triste que el presidente elija a alguien que nos divida en lugar de una persona parecida a Sandra O'Connors". "El objetivo del nombramiento es apaciguar a los elementos más derechistas de la base política de Bush", en opinión de la senadora Barbara Boxer.
En la parte más polarizada por la derecha, todo fueron parabienes. "El presidente ha hecho una elección excelente", según los conservadores de la Coalición por una Justicia Imparcial. El telepredicador Pat Robertson consideró que el nombramiento es "un gran tanto" y el dirigente radical Gary Bauer, que boicoteó a Miers, dijo: "Por lo menos ahora el presidente va a pelear contra sus adversarios políticos y no contra sus amigos".
Un difícil contraataque
Seriamente tocado por el caso Plame, puesta en evidencia su debilidad por la base político-religiosa del partido que le torpedeó la nominación de su amiga y consejera Harriet Miers, desdibujados sus proyectos para el segundo mandato y con índices de popularidad por los suelos, George W. Bush necesita urgentemente abrir la vía de la recuperación. La nominación del juez Samuel Alito quiere ser el primer paso, pero el camino se pone muy cuesta arriba (aunque también octubre fue el mes en el que los iraquíes aprobaron la Constitución y en el que la economía registró un crecimiento del 3,8%).
El próximo jueves, superada la noticia de la nominación de ayer, volverá a primer plano el caso Plame, cuando el único procesado, Lewis Libby, comparezca por primera vez ante los tribunales.
Esta visita formal de Libby servirá para que escuche las acusaciones de obstrucción a la justicia, perjurio y falsedad. El juez Reggie Walton le preguntará si se considera culpable o inocente, y se espera que Libby opte por lo último. Dentro de la potestad del juez está establecer un calendario para las peticiones de las partes y, si lo estima necesario, incluso fijar la fecha del juicio. El presidente no estará en Washington; viaja a Argentina para participar en la Cumbre de las Américas.
¿Desencadenará el nombramiento de Alito una batalla a muerte en el Senado? Los demócratas, además de considerarlo necesario a la vista del currículo del juez, han olido sangre -la debilidad del presidente en su partido y los apuros con la justicia que hay en la Casa Blanca y entre los líderes republicanos del Congreso- y no van a soltar la presa así como así.
Ya hay ambiente de campaña electoral, aunque queda un largo año hasta las legislativas de 2006. Arlen Specter, presidente del Comité Judicial en el que se debatirá la nominación, se ha mostrado "muy preocupado" ante la posibilidad de que los demócratas recurran al filibusterismo para bloquear el nombramiento.
Ello depende de que se mantenga el pacto que los 14 senadores -siete demócratas y siete republicanos- forjaron en mayo para evitar que la mayoría republicana anulara la tradición filibustera; a cambio, los demócratas -y basta con los votos de esos siete para garantizarlo- se comprometieron a no recurrir al bloqueo total más que en casos extraordinarios.
