Gallardón pondrá 26 cámaras en la plaza Mayor para controlar a los viandantes

Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital, ha recibido el visto bueno de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de la Comunidad de Madrid primero, y de la Delegación del Gobierno después, para instalar 14 cámaras fijas y 12 móviles en la plaza Mayor. El alcalde busca con esta medida -que no se aplicará hasta "primavera o verano de 2006"- prevenir la comisión de hechos delitivos en esta parte del casco histórico, zona preferida de carteristas.

Madrid sólo tiene en la actualidad una zona pública vigilada con cámaras: el Museo al Aire Libre bajo el puente de Eduardo Dato. En el casco histórico y en el eje comercial de Lleida, este sistema ya se instaló en 1991. Según este Ayuntamiento catalán, los hechos delictivos se redujeron entonces un 70%

La Comisión de Garantías de Videovigilancia -que dirige el presidente del Tribunal Superior de Justicia- se reunió el pasado día 11 para deliberar sobre la solicitud presentada el 15 de julio por el Ayuntamiento de Madrid, dado que así lo establece la Ley de Videovigilancia 4/1997.

Esta norma regula la utilización de sistemas de grabación por parte de los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, a fin de evaluar que haya "idoneidad" entre la finalidad pretendida (proteger la seguridad ciudadana) y la "posible afectación al honor, la propia imagen e intimidad de las personas".

Tras evaluar los pros y los contras de la petición municipal, la comisión ha resuelto autorizar la colocación de las citadas 26 cámaras. No obstante, impone a Alberto Ruiz-Gallardón cinco condiciones "imprescindibles": acotar el ámbito susceptible de ser grabado, que no se capten imágenes de viviendas, que se establezca quién es la autoridad responsable, que se informe al público de la existencia de las cámaras y que la comisión supervise la instalación y funcionamiento.

Las cámaras podrán captar imágenes durante las 24 horas del día, pero no grabar sonido. Las imágenes serán transmitidas digitalmente (sin necesidad de cable) hasta un centro de la Policía Municipal. En caso de no tener utilidad a efectos de investigación judicial, tendrán que ser destruidas en el plazo de una semana, según ha establecido la Delegación del Gobierno.

Todo el sistema tendrá un coste de 170.000 euros para las arcas municipales, según los estudios realizados por los técnicos de la Concejalía de Seguridad. Además, como estipula la ley, el Consistorio tendrá que instalar carteles y paneles suficientes para alertar a los viandantes de que están entrando o se encuentran ya en una zona controlada mediante videocámaras.

El gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha determinado cumplir este requisito colocando 10 paneles en los accesos a la plaza Mayor a través de las cercanas calles de La Sal, Zaragoza, Gerona, Botoneras, Toledo, Arco de Cuchilleros, Ciudad Rodrigo, Siete de Julio, Arco de Triunfo y Felipe III.