Crevillent, la frontera viva
La inseguridad ciudadana tensa la convivencia entre el colectivo magrebí y la población autóctona
Quien más, quien menos, espera que ocurra algo en Crevillent. La temperatura social de esta ciudad de 28.039 habitantes del Baix Vinalopó aumenta sin cesar desde hace cerca de una década, con oscilaciones puntuales muy pronunciadas que van alimentando problemas de convivencia entre la población autóctona y la nutrida colonia marroquí. El reciente recalentamiento, según coinciden el Gobierno, autoridades locales, colectivos vecinales y de comerciantes e, incluso, algunos marroquíes, ha alcanzado un grado en el que una chispa puede desencadenar el conflicto. No es alarmismo; es la preocupación resultante de una compleja ecuación cuya incógnita es la fecha del próximo incidente. Porque en Crevillent se dan todas las circunstancias -creciente tensión en la convivencia, intranquilidad en las calles, sensación de inseguridad y hartazgo y desazón de los ciudadanos por no apreciar soluciones- para que prenda la mecha. El último incidente, a mediados de este mes, reavivó la tensión e inseguridad entre la población autóctona y los inmigrantes a raíz de la difusión de unas imágenes que mostraban la venta de drogas por parte de varios magrebíes en una calle de Crevillent.
La palabra polvorín la emplea mucha gente en Crevillent para diagnosticar el estado social del municipio. "Esto es un polvorín; falta que pase algo a alguien al que no le tendría que pasar para que...", afirma José Manuel Alfons, presidente de la Asociación de Comerciantes de Crevillent.
La preocupación de las autoridades por evitar que prenda una mecha fue palpable el pasado día 20. Las fuerzas de seguridad del Estado tomaron la ciudad con un despliegue sin precedentes, en previsión de incidentes en una asamblea vecinal convocada para abordar la inseguridad ciudadana. A los oídos de los organizadores de esa reunión, a la que asistieron cerca de 2.000 vecinos, llegó la noticia de que grupos ultras de Alicante y de otros puntos iban a asistir. José Manuel Alfons, además de presidir el colectivo de comerciantes autóctonos, es el cabecilla vecinal que se situó en el centro de la foto de esa asamblea. Admite que el riesgo de convocar a los vecinos para abordar el problema tan sensible era muy elevado. "Y más cuando supimos que la ultraderecha planeaba algo en esa asamblea". Hasta la pasada legislatura Crevillent ha tenido representación de Falange y aún hoy ese partido conserva un considerable respaldo social. Pero la reunión salió bien. Alfons cogió el micrófono con determinación y advirtió: "No vamos a tolerar insultos, ni comentarios de tinte racista, ni menciones despectivas contra ningún colectivo; eso no arregla el problema, no nos interesa".
Muchos de los vecinos que escuchaban las propuestas de Alfons para aliviar la sensación de inseguridad, se habían congregado espontáneamente el domingo anterior en la puerta de la casa del alcalde, para pedirle a gritos más seguridad, en otra de esas oscilaciones cíclicas de la temperatura social.
Alfons, en una conversación con EL PAÍS el pasado miércoles en Crevillent, reflexionaba sobre el clima que se respira en la ciudad: "Ha llegado un momento en el que la gente quiere hechos, soluciones palpables, un plan de choque y mediadas a corto y medio plazo; y la Administración no parece que sea capaz de atender esas demandas". Al menos no con los medios que reclaman los vecinos.
El polémico poder disuasorio de las videocámaras
El alcalde, el popular Cesar Augusto Asencio, del PP, ha propuesto la instalación de cámaras de video en las calles "más conflictivas", que coinciden con las más transitadas por marroquíes, para prevenir la delincuencia. El edil afirma que sólo instalará las cámaras si los vecinos quieren. Alfons responde: "¿Acaso el alcalde va a convocar un referéndum para pulsar la opinión de los vecinos? ¿Cómo va a medir el rechazo o el respaldo vecinal?". "En la plataforma pensamos que las cámaras podrían ser eficaces para controlar algunos bienes, como los comercios o los vehículos aparcados, pero no para las personas; las cámaras en los lugares de camelleo
[tráfico de drogas al menudeo] sólo conseguirían desplazar el problema a otras calles sin cámaras", advierte Alfons.
"Aquí tenemos un gran problema de fondo", indica el líder vecinal. "Ahora vemos las consecuencias de un conflicto, como la inseguridad ciudadana o los problemas de convivencia, e intentamos atajarlas, pero nunca en este municipio se han analizado con rigor y profusión las causas que originan el problema; yo creo que en Crevillent, sobre todo por falta de reflejos políticos, han faltado técnicos cualificados en asuntos sociales que adelantaran estrategias para evitar el conflicto". A eso, añade, se une una total relajación política para atender problemas de un colectivo, el inmigrante, que no vota.
Sobre el papel sí existe un foro adecuado para mitigar el problema de convivencia: el Consejo Municipal de la Integración. Alfons se reserva su opinión sobre este consejo, pero otro de sus integrantes, que pide anonimato, opina que es un "gran paripé". "Una vez al año el alcalde echa un sermón durante una reunión en la que apenas deja intervenir a la gente y se acabó el consejo", comenta.
Esther Asensio, portavoz municipal del PSPV, el principal grupo de la oposición (los socialistas tienen cuatro concejales; Esquerra Unida, tres, y el PP, 14) aporta unos datos curiosos. La delincuencia en Crevillent entre enero y septiembre de este año (870 delitos) ha descendido alrededor de un 10% con respecto a ese periodo del año anterior (967) y ahora hay más agentes de la Guardia Civil que nunca (25). Y, sin embargo, la sensación de inseguridad, que es lo que preocupa al ciudadano, no ha menguado. "El tráfico de drogas aquí es muy visual y eso preocupa a muchos padres", asegura. Según datos del padrón municipal, el número de extranjeros ha pasado de 416 en marzo del año 2000 a los 3.035 actuales. "Y el gobierno local no se ha ocupado de ellos", asegura. Los socialistas echan en falta un estudio riguroso, una especie de radiografía del estado de la ciudad como punto indispensable de partida para adoptar las medidas adecuadas. Los socialistas reclaman un aumento urgente de la plantilla de la Policía Local.
Mientras, el portavoz del grupo de Esquerra Unida, José Manuel Penalva, apunta directamente al gobierno local como responsable del problema de inseguridad. "La pasividad del alcalde llega al extremo de no querer abordar en el pleno la situación de tensión que vive en la ciudad", afirma Penalva.
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