El fiscal general rechaza la cuestión de la juez de Denia contra el matrimonio gay
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dirigido un informe al Tribunal Constitucional -que se lo solicitó el pasado día 11- en el que asegura que la juez del Registro Civil de Denia (Alicante) no está legitimada para elevar una consulta sobre la inconstitucionalidad de los matrimonios homosexuales, y ha pedido al alto tribunal que no la admita a trámite. La juez de Denia paralizó el pasado julio la boda de dos mujeres que solicitaron contraer matrimonio, porque a su entender, éste es inconstitucional.
La juez adujo para apoyar su decisión que la reforma del Código Civil que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo entra en contradicción con el artículo 32.1 de la Constitución, en el que se establece que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica".
La norma del Código Civil cuestionada dice literalmente que "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo".
El informe del fiscal general del Estado señala que las cuestiones de inconstitucionalidad no tienen como finalidad "resolver los problemas personales" de los jueces y explica que los expedientes del registro civil no son "un proceso" y cuando los jueces de primera instancia están desempeñando funciones propias del Registro Civil "no están ejerciendo jurisdicción, ni contenciosa ni voluntaria". Conde-Pumpido cita la sentencia 56/1990 del Tribunal que distingue entre ambas funciones judiciales. En otro punto, el fiscal general indica que "no se puede promover por el juez de un registro civil" una cuestión de inconstitucionalidad "cuando se encuentre en trance de conceder o denegar autorización para contraer matrimonio".
Además de la iniciativa sobre la juez de Denia, el Constitucional debe resolver otra cuestión del magistrado del Registro Civil de Telde (Gran Canaria) contra la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Otra juez, del Registro Civil de Burgos, impugnó la iniciativa de boda de dos mujeres; la pareja renunció días después a sus planes.
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