Aguirre permitirá a empresas privadas participar en la reforma de Centro

El anteproyecto de Ley del Suelo que promueve el Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, incluye por primera vez que el sector privado entre en la rehabilitación y reforma del casco histórico de Madrid, hasta ahora competencia exclusiva del Ayuntamiento. El Consistorio, al que la ley concede también la potestad para expropiar, podrá crear "órganos de gestión", en los que participarán sociedades mercantiles, con el fin de rehabilitar los distritos céntricos. Las sociedades privadas correrán con los gastos.

La futura normativa sobre el suelo permite que las sociedades mercantiles puedan participar en la rehabilitación de los cascos históricos de todos los municipios de la región, aunque admiten desde la Comunidad de Madrid que ha sido pactada y redactada para el Ayuntamiento de la capital.

Los consistorios, según fuentes del Gobierno regional, no pueden hacer frente en solitario a los enormes gastos que supone la reforma de sus barrios más antiguos. Sólo el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto invertir más de 126 millones de euros en rehabilitar 6.000 viviendas de Lavapiés, Tetuán y Centro. Sus planes pasan por reformar cerca de 40.000 casas en todo Madrid.

Para efectuar las labores de reforma y rehabilitación de los cascos urbanos, el anteproyecto de la Ley del Suelo detalla que la Comunidad y el Ayuntamiento en cuestión tendrán que delimitar con exactitud las "áreas a rehabilitar" en el plan de urbanismo. A partir de ese momento el Ayuntamiento creará un "órgano gestor público" o de "carácter privado" que vigilará la actuación.

Si la reforma la llevan a cabo gestores privados (artículo 75), ésta requerirá que los trabajos "abarquen al menos una manzana o varias manzanas completas, continuas o discontinuas". Si en este caso se producen expropiaciones, "el alojamiento provisional de los inquilinos corresponderá al beneficiario de la expropiación"; es decir, a la sociedad mercantil si ésta gestiona el área. La sociedad mercantil adelantará el dinero de la expropiación y se quedará con las plusvalías.

El borrador establece además que se abonará "el justiprecio de los bienes y derechos", que se determinará mediante aplicación de los criterios establecidos por la legislación.