La nueva Ley de Régimen Local refuerza el poder municipal y recorta el de las diputaciones

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció ayer el proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 que reconocerá de modo legal las competencias de los 8.100 ayuntamientos españoles, recortará a su favor el "poder omnímodo" de las diputaciones provinciales y establecerá el Estatuto de los concejales para fortalecer los gobiernos locales. El Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley a primeros de diciembre, con la pretensión de pactarlo con todos los grupos políticos, en su tramitación parlamentaria, y con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).

El proyecto de ley introduce una importante novedad, el reconocimiento de la "cláusula general de competencia" a favor de los ayuntamientos, lo que significa que podrán ejercer todas aquellas que no estén expresamente prohibidas o atribuidas a otra autoridad. Fija, por un lado, 25 campos de actuación precisos sobre los que "se considera que los ayuntamientos ostentan competencias para la ordenación y prestación de servicios básicos locales", desde la gestión del padrón municipal de habitantes hasta el desarrollo local y promoción turística de su territorio. Este listado corresponde con el que aprobó la FEMP hace años.

El proyecto de ley precisa también 22 áreas de actuación para los ayuntamientos, "un elenco de materias respecto de las que la legislación sectorial del Estado y de las comunidades autónomas han de garantizar la intervención municipal mediante la atribución de potestades de planificación, normativa y gestión".

Proximidad al ciudadano

El listado de competencias fija desde inmigración y medio ambiente hasta turismo y vivienda, así como "cualquier otra materia de competencia de la comunidad autónoma, cuya gestión se considere conveniente que deba ser realizada por las entidades locales, en virtud de los principios de subsidiariedad, proporcionalidad, descentralización y mayor cercanía o proximidad al ciudadano".

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, dijo que se quiere pasar de unos órganos municipales administrativos a otros "políticamente relevantes como creadores de competencias nuevas". También apuntó la conveniencia de que las competencias municipales deberán ir acompañadas de la suficiente financiación.

El proyecto de ley ofrece otra importante novedad, como es la pretensión de eliminar de las competencias de las diputaciones provinciales las llamadas "competencias expansivas", que facultaban a éstas para intervenir en campos que, de forma difusa, ahora se adjudican al interés general.

"La Diputación pasará a ser una entidad al servicio de los ayuntamientos en la prestación de los servicios mancomunados pues no será otra cosa que la agrupación de una serie de municipios que juntos pueden superar carencias o impulsar proyectos que por sí solos no abordarían", dijo Jordi Sevilla.

El proyecto de ley pretende, asimismo, delimitar con más claridad las funciones del consejo de gobierno, que será obligatorio en los municipios de más de cinco mil habitantes, de las del pleno municipal, de modo que no se tengan que someter a este órgano asuntos "sin trascendencia política". También delimitará las funciones del alcalde o de los tenientes de alcalde, del consejo de gobierno.

Recogerá, en este sentido, un estatuto de los representantes locales y concejales, con sus derechos políticos, así como de información y control del gobierno municipal, como la posibilidad de crear comisiones de investigación o la regulación de la comparecencia en el pleno de la asamblea de los directivos titulares de las empresas públicas.

También regula con más detalle el sueldo de los concejales y diputados provinciales, especificando con mayor detalle la regulación del régimen de dedicación parcial.

El proyecto de ley establecerá, asimismo, como "seña de identidad de la vida local" la participación ciudadana, según señaló Sevilla.