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El PP testifica que Atutxa maniobró para desobedecer al Supremo

Egibar y Larreina niegan en el juicio un pacto para no disolver SA

Los representantes del PP en los dos principales órganos de la Cámara vasca, Carmelo Barrio y Leopoldo Barreda, testificaron ayer que los tres acusados en el caso Atutxa utilizaron "artificios y maniobras dilatorias" para "no cumplir" la orden del Tribunal Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak, heredero de Batasuna. Por el contrario, Joseba Egibar (PNV) y Rafa Larreina (EA) negaron un pacto con los acusados para evitar esa disolución.

En la segunda sesión del juicio contra Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, acusados de desobediencia por no disolver SA, los representantes del PP cargaron de argumentos a la acusación particular. Tanto Barrio, compañero entonces en la Mesa de los acusados, como Barreda, representante en la Junta de Portavoces, subrayaron que todos los movimientos de los encausados -incluida la resolución general de Presidencia- eran "maniobras dilatorias" para no cumplir las órdenes del Supremo.

Barrio llegó a decir que en la reunión de la Mesa del 5 de junio de 2003, donde se aprueba la resolución de Presidencia para disolver SA a propuesta del PSE, "todo se estaba fraguando artificialmente", porque los acusados ya sabían que al día siguiente la Junta de Portavoces iba a tumbar la resolución. "Era algo orquestado (...) Nuestra impresión", declaró en el juicio Barreda, "es que se estaba buscando trasladar la responsabilidad a la Junta de Portavoces para eludir la responsabilidad de los miembros de la Mesa", a los que expresamente se había dirigido el Supremo avisando de que si en cinco días no disolvían SA, podían incurrir en desobediencia. Barrio, en esa misma línea, dijo que lo que él "vivía todos los días en [las discusiones de] la Mesa es que no se pretendía disolver SA".

"Pensaba que iba en serio"

Se esperaba ayer con especial interés la declaración del entonces representante del PSE en la Mesa, Manuel Huertas, impulsor de la resolución de Presidencia aprobada en la Mesa con los votos de PNV, EA, EB y PSE. Huertas no ocultó su "frustración" al conocer que la Junta de Portavoces echaba por tierra la resolución de Presidencia en su reunión del 6 de junio de 2003. "Yo pensaba que eso iba en serio y que teníamos finalmente resuelto el asunto", reconoció ante el tribunal. "Me pareció imposible que los portavoces no ratificasen lo aprobado", dijo, aunque no pudo asegurar que existiera en todo este proceso una "complicidad" entre los miembros de la Mesa acusados y los representantes de sus partidos en la Junta de Portavoces. En cualquier caso, el representante socialista declaró: "Pensé que era la forma más rápida, clara y eficaz de cumplir el auto judicial" y la que mayor consenso había recabado en la Mesa.

Para intentar sacar de dudas al tribunal, presidido por Pablo Sesma, los representantes de PNV y EA en la Junta de Portavoces, Joseba Egibar y Rafa Larreina, respectivamente, negaron la existencia de ningún pacto previo a la reunión de la Junta del 6 de junio. Egibar reveló incluso que Atutxa, la víspera, intentó convencerle de la "bondad de propuesta" recogida en la resolución de Presidencia para disolver SA. Pero el dirigente peneuvista ya le avanzó que su parecer era contrario a la resolución aprobada.

No había "lagunas" en el Reglamento de la Cámara para disolver SA, dijo ayer Egibar, lo que se produjo fue una "colisión de fondo" entre el Poder Judicial y el Parlamento vasco y una "clara invasión" del Supremo de las competencias de la Cámara vasca. Y que lo que pedía el Supremo "era un imposible", en línea con lo manifestado por los tres acusados. Larreina (EA) negó que hubiera un pacto para "obstaculizar" la resolución de Presidencia aprobada la víspera. Ayer también declaró Antton Morcillo, entonces la cara de SA en la Junta de Portavoces. El parlamentario abertzale dijo que ellos nunca consideraron que su grupo estuviera disuelto, porque el Supremo nunca se lo notificó.

La acusación particular solicita una multa de 108.000 euros e inhabilitación por dos años para cada uno. La Fiscalía no acusa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de octubre de 2005