Medio millón de euros

El Partido Popular ha iniciado una nueva cruzada. Una cruzada de medio millón de euros. Los figurantes son plurales, el mensaje es invariable. En la cuña Matrimonio, Javier y Elena, con más de 40 años a sus espaldas, siguen enamorados en su paseo otoñal, pero parecen estar realmente preocupados por el cambio de la Constitución que en su día votaron. En la cuña Universitarios, Montse, Iñaki y Luis (¿nombres plurinacionales?), de 20 años, manifiestan su preocupación por no haber podido votar la Constitución en su momento, pero expresan su gran interés por votarla ahora si la quieren cambiar. La cuña Abuelo es la de un tal Antonio de 77 años que recuerda que precisamente el nieto que le acompaña nació el día en que se votó la Constitución, y los dos manifiestan que si hay cambio de ese hermoso recuerdo que es la Constitución, ellos quieren poder expresar su opinión. Todos están de acuerdo en que de lo que se trata es de defender los principios de unidad, igualdad y solidaridad que ahora ven gravemente amenazados. Medio millón de euros vale la campaña. Medio millón gastado en un generoso proyecto. Impedir que España se balcanice y que acabemos con esos buenos recuerdos y ese gran cúmulo de esperanzas que los figurantes de la campaña expresan con convicción de anuncio de grandes almacenes. A uno se le ocurren otros destinos para tanto euro malgastado.

La campaña trata de relacionar de manera claramente demagógica el momento fundacional del régimen democrático en España con el actual debate que tiene como objetivo repensar la pluralidad y la articulación de los distintos poderes territoriales que la Constitución reconoce, y su concreción específica y diversa en lo que el mismo texto constitucional diferenciaba: nacionalidades y regiones. Y para ello, tratan de romper el equilibrio institucional y los canales constitucionalmente establecidos para ese y para cualquier otro tipo de debate, situando el tema en la absoluta excepcionalidad de un nuevo momento constituyente. Y por tanto, siguiendo esa línea argumental, reclaman devolver la palabra al sujeto originario del poder constituyente: el pueblo español, para que éste, en referéndum, exprese si quiere aceptar o no un proyecto de ley que discutir por las Cortes, a pesar de que ese proyecto de nuevo Estatuto haya sido presentado con cumplimiento escrupuloso de la normativa prevista. Lo grave es que, para justificar tamaño desatino, han de exagerar de tal manera los peligros que nos acechan ("la peor situación en los últimos 25 años") que no se dan cuenta de que ello puede acabar agotando la capacidad de maniobra futura de un ejercicio de oposición que se lleva ahora a extremos nunca vistos. Y al mismo tiempo, abren la puerta a que en el futuro cualquier fuerza política o social pueda legítimamente plantear que debe consultarse al pueblo si entienden que está en juego su peculiar interpretación del pacto originario expresado en la Constitución.

Es realmente curioso que sea precisamente el Partido Popular, los Zaplana y Acebes que fueron capaces de hacer en vivo y en directo lo que hicieron del 11 al 14 de marzo, los que ahora se envuelvan en la bandera de la pureza constitucional y exijan que el pueblo se pronuncie. Es realmente curioso que la fuerza política que nos metió en el fregado de Irak desoyendo el clamor popular en las calles y las encuestas de opinión, y que expresaba entonces que sólo ejercía con escrupulosidad lo que estaba previsto en la normativa constitucional, se convierta ahora en extraparlamentario tronante y exija que el pueblo sea consultado. Nos hablan ahora de la voluntad del pueblo, cuando entonces decían con orgullo que representaban la legitimidad democrática. Tienen pánico a que si este nuevo proceso de resituar a España en un nuevo escenario de diversidad y de reconocimiento de su diversidad interna sale mínimamente bien, sus espacios queden tan achicados que la posibilidad de regresar al poder sea mínima a medio plazo. Su pánico y sus ansias de vengar la afrenta no digerida del 14 de marzo les conducen peligrosamente al borde del precipicio de la revuelta institucional. Y lo que es más grave, desacreditan y pervierten el pacto constitucional, utilizándolo de manera partidista y sesgada, motivando por tanto que para muchos acabe siendo más un marco de rigidez y de cortapisa, hecho en momentos de dudosa libertad de movimientos, que la expresión abierta de múltiples y plurales líneas de avance y progreso.

Saben que no tienen capacidad de bloqueo. Saben que en las instituciones su radicalismo patriotero se diluye y exige concreción y negociación. Y saben que exageran tanto que no pueden movilizar a la gente en la defensa de algo que no está en peligro. Por tanto, recurren a la cartera para buscar la ventaja que las urnas les negaron y que su propio nerviosismo provoca. El ventajismo del dinero. La fuerza potencial de la publicidad que refuerza prejuicios y visceralidades. Trasladan a la política una lógica de juego que, de ser aceptable, lo es en el juego del mercado. Como diría Walzer, lo que no es éticamente permisible es que se trasladen los recursos de una esfera a otra, de la esfera mercantil a la esfera política, sin cortapisas, distorsionando la deliberación democrática. La igualdad competitiva del mercado sobre la que se ha construido la diferencia no debería poder trasladarse sin más al campo de la ciudadanía, de la interacción política en la que lo que aparentemente cuenta es la igualdad de influencia en las decisiones. No podemos discutir el origen de la desigualdad económica sin que nos caigan encima todo tipo de admoniciones, pero en cambio nos exigen que encontremos natural que esa desigualdad mercantil acabe siempre tergiversando y contaminando la aparente igualdad política y un juego institucional que no se ha alterado. Y lo cínico es que ello se hace argumentando que se defiende la igualdad y la solidaridad. Es un buen ejemplo de la democracia de mínimos. La democracia de baja intensidad, votar y desaparecer. Ser figurantes de anuncios. Crear el adecuado telón de fondo de los mítines (jóvenes, viejos, mujeres, currantes o ejecutivos...). Una democracia que dé estabilidad y confianza a los que cuentan.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.