El PP rechaza en las Cortes auditar la fundación que vendió una masía a la esposa de Carlos Fabra
El grupo Popular rechazó ayer en las Cortes una iniciativa del grupo de Esquerra Unida-L'Entesa que reclamaba al Consell la realización de una auditoría externa de la Fundación Blasco de Alagón -participada por la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra- para esclarecer la venta de la Masía del Pla de l'Arc, en La Vall d'Alba, a María Amparo Fernández Blanes, esposa del dirigente popular castellonense. Junto a esa operación de venta, la auditoría también debía analizar el encargo de la redacción de los proyectos técnicos a un hermano de Fabra. La iniciativa pedía también la destitución de Laura Peñarroya, concejal del PP en Forcall, asesora en la Corporación provincial y gerente de la fundación, por su actuación en esas cuestiones.
La finca que alberga la masía, de 800 metros cuadrados, fue comprada en enero de 2003 por la esposa de Carlos Fabra por 14.512,24 euros, según consta en el Registro de la Propiedad. La Fundación Blasco de Alagón compró la finca en 1998 por 12.000 euros al anterior propietario. Sin embargo, el Consell aseguró en una respuesta parlamentaria que, después de invertir 9.264 euros en la rehabilitación de la masía, la fundación la vendió a la esposa de Carlos Fabra por 21.496 euros. Los Fabra pretendían convertir en restaurante la masía, que se encuentra a 100 metros del arco romano de Cabanes. Meses antes de la compra, la Diputación de Castellón había financiado la electrificación de la finca.
Ayer, en la comisión de Educación y Cultura de las Cortes, el diputado de EU-L'Entesa Ramon Cardona dijo que la operación de compraventa es "una muestra más" de cómo Fabra "utiliza" las instituciones públicas "en absoluto beneficio propio" y aseguró que "supone claramente un tráfico de influencias". Cardona recordó que la venta coincidió con la aprobación de un plan de rehabilitación del entorno por parte del Ayuntamiento de Cabanes que supuso una "revalorización impresionante" de la zona, y que 10 días antes de la compra de la masía, la esposa de Fabra adquirió terrenos colindantes a la misma que le permitían ejercer el derecho de tanteo en la operación.
Por su parte, la diputada socialista Ana Noguera afirmó que en la fundación hay "claros indicios de información privilegiada, de incompatibilidad manifiesta y de comportamiento prevaricador".
La popular Carolina Salvador sustentó el voto de su grupo en contra de la iniciativa que pedía la auditoría en que la Fundación Blasco de Alagón "está sometida a todos los controles legales necesarios y también a los controles parlamentarios".
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