La ley de la vivienda enfrenta al tripartito con el PP y CiU, que reclaman la retirada del proyecto

El anteproyecto de ley de la vivienda, presentado ayer por el consejero Salvador Milà, ha provocado una reacción airada en la derecha. El PP reclamó de inmediato la retirada del texto y CiU afirmó que la posibilidad de expropiar pisos vacíos en estado de abandono crea inseguridad jurídica. Salvador Milà explicó la ley a un nutrido auditorio en el que había promotores y constructores, que no se mostraron tan inquietos como los políticos. Xavier Trias pidió a Milà que expropie antes el suelo del Ayuntamiento de Barcelona y el PSC sugirió que el texto necesita "ajustes técnicos".

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Salvador Milà (ICV), explicó que la base del proyecto es lograr que el acceso a la vivienda sea un derecho. Y el camino para conseguirlo, generar un hoy inexistente mercado de vivienda usada protegida. Para ello hace falta crear un parque de vivienda social, tanto de venta como de alquiler. Y el modo de hacerlo es conseguir viviendas, construyendo o comprando. La compra puede hacerse a través del retracto (el Gobierno tiene prioridad en las compraventas en las zonas donde se actúa con dinero público) o expropiando pisos que han estado vacíos durante un largo tiempo y que se encuentran en fase de semiabandono. Sin dejar de lado que el texto prevé una especie de ITV de las viviendas para evitar su deterioro.

La expropiación, que sólo se produciría en casos muy extremos, fue lo que soliviantó a CiU y PP. Carles Puigdomènech (CiU) sostuvo que con ello se crea inseguridad jurídica, y el también convergente Xavier Trias invitó a Milà a expropiar antes el suelo del Ayuntamiento de Barcelona y destinarlo a vivienda pública. Por parte del PP, el diputado Josep Llobet reclamó la retirada del texto, acusando a Milà de no tener ni siquiera el apoyo del resto del Gobierno. Joan Boada (ICV), en cambio, expresó su satisfacción por un texto que, en su opinión, "hace frente al problema de la vivienda" y la consagra como un derecho de los ciudadanos. El PSC sugirió que, quizá, el texto necesite "ajustes técnicos" porque el mecanismo de expropiación previsto puede "resultar complejo".

Milà desmintió que el anteproyecto de ley sea "intervencionista" ya que "no confía únicamente en el protagonismo de la promoción pública y no relega la acción del sector privado". Milà intervino ante un público mayoritariamente empresarial, aunque había también muchos representantes municipales. La acogida por parte de los constructores no fue airada. De hecho, el Plan Estratégico Metropolitano, del que forman parte la patronal Fomento y la Cámara de Comercio, pidió al Gobierno, el pasado septiembre, que tomara medidas para sacar al mercado los pisos vacíos.

"Los agentes privados tienen un papel fundamental", opinó Milà, aunque reconoció que se busca "que los poderes públicos dejen de ser espectadores pasivos".El anteproyecto de ley, que aspira a convertirse en un "pacto nacional para el derecho a la vivienda", combatirá, según Milà, "el asedio inmobiliario y la sobreocupación".