Azkarraga reconoce que Prisiones ya ha comenzado a resolver la situación de Nanclares

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, dio ayer cuenta en el Parlamento de la entrevista que mantuvo hace un mes con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, con la que trató básicamente de la situación de la cárcel de Nanclares. Azkarraga precisó que de las tres medidas que ésta le anunció, dos se han puesto ya en marcha: la limpieza general de la prisión y el plan de choque para atajar el aumento de suicidios. El número de internos ha bajado a 680, apuntó Azkarraga, quien reclamó a Gallizo como "urgente" terminar con la masificación. La directora le precisó que el lugar de residencia de los presos se tendrá en cuenta en los traslados, dijo el consejero.

Gallizo y Azkarraga mantienen abierto un "cauce muy interesante" de comunicación, sobre asuntos "muy importantes", según dijo éste último ayer en su comparecencia en la Comisión de Instituciones e Interior.

Azkarraga había sido citado por el Grupo Popular para que explicase su entrevista con la directora de Prisiones para tratar sobre la situación de la cárcel alavesa, celebrada el pasado 15 de septiembre. El consejero explicó que dos de las tres medidas que le anunció la directora general se han puesto ya en marcha. Se trata de una limpieza general del centro y del plan de choque, éste general, para prevenir los suicidios. La tercera de ellas es la actuación en materia de infraestructuras y ésta se materializará en su mayor parte el año próximo.

La propia intervención de la dirección general, que promovió una inspección exhaustiva en Nanclares y la puso en cabeza de la fila para la formación de su personal en el plan de choque de prevención de suicidios, vendría a corroborar para Azlarraga su "penoso y lamentable estado". "Las circunstancias que presiden la vida en la prisión de Nanclaraes no son absoluto normales", afirmó.

La directora general se comprometió, según indicó el consejero, a tener en cuenta las aportaciones que el Gobierno vasco le pueda realizar y Azkarraga aseguró que está dispuesto a colaborar en aspectos que puedan mejorar la situación de los presos, aun cuando no disponga de las competencias, que volvió a reclamar tanto ayer como en su cita con Gallizo.

Según contó Azkarraga, la directora general es consciente de que las cárceles viven "una situación angustiosa", que sería fruto de los ocho años de "parálisis" que la atención a las prisiones padeció, dijo, durante los dos gobiernos del PP. La población reclusa pasó entonces de 45.000 a 61.000 personas, pero los presupuestos se mantuvieron inamovibles, acusó. Ese crecimiento sería el resultado de la aplicación "abusiva" de la prisión provisional y las modificaciones legales promovidas durante esos años, que han alargado las estancias en prisión y han restaurado el cumplimiento de penas cortas.

Azkarraga informó también a la comisión de que pidió a Gallizo las competencias en prisiones, abordadas en términos de prestación más eficaz del servicio y le mencionó la experiencia del Ejecutivo autónomo en el cumplimiento de penas de menores para reivindicar su capacidad para asumirlas en su integridad. También le comunicó que su departamento tiene un modelo penitenciario diferente al del Gobierno central y se quejó de la aplicación, a su juicio "discriminatoria", de los beneficios penitenciarios.

El responsable de Interior, Javier Balza, explicó en la misma comisión que la discoteca del barrio de San Ignacio de Bilbao en la que se originó el día 1 la pelea que terminó con un joven ecuatoriano de 20 años muerto por atropello, había registrado 47 intervenciones de la Ertzaintza en nueve meses. El Ayuntamiento de Bilbao las había cifrado cuando cerró cautelarmente el local, el pasado 6 de octubre, en un total de 39, a las que se añaden más de 60 de la propia Policía Municipal.

De esas actuaciones de la Ertzaintza se siguieron la apertura de diligencias por hechos en 17 casos y resultaron detenidas siete personas y puestas a diposición judicial otras cinco. Los grupos interrogaron al consejero sobre la conveniencia de haber cerrado antes el local, pero Balza destacó que un cierre anterior había sido revocado por los tribunales y advirtió también de la posibilidad de que eso ocurra ahora también, puesto que el 90% de los incidentes se producen en la zona, pero no en el propio local.

El consejero explicó los mecanismos de coordinación que mantiene la Ertzaintza con la policía bilbaína y negó que se hubiera producido algún fallo. Balza sostuvo que la reflexión que hay que efectuar es sobre la cultura del ocio y tal vez el cambio en la regulación de las zonas de esparcimiento. "Es un problema sociológico más que legal", dijo. Esa conflictividad en algunos lugares de diversión es "el peaje que toca pagar para garantizar otros derechos" y ante ella sólo se puede actuar "muy prudentemente", añadió.