El Congreso aprueba la creación de un registro de seguros de vida

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la creación de un registro de contratos de seguros de cobertura por fallecimiento para facilitar la información necesaria para que los posibles beneficiarios puedan conocer "con la mayor brevedad posible" si una persona fallecida tenía contratado un seguro y con qué compañía. El objetivo es evitar que los beneficiarios de las 27 millones de pólizas se queden sin cobrar por no saber que existía el seguro.

La creación de este registro ha sido un logro de las asociaciones de consumidores que lo habían reclamado desde hace años. Aunque se desconoce el número de seguros de vida que se quedan cada año sin cobrar por desconocimiento de los herederos, se estima que el capital puede ser elevado. Con esta medida, España se convierte en el primer país europeo en disponer de un registro de estas características.

Este registro incluirá los contratos de seguro de vida y las coberturas de fallecimiento, así como los seguros de accidentes en los que se cubra la contingencia de la muerte del asegurado. Por esta razón, Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal del sector, Unespa, considera que la medida podría beneficiar "a muchos más de los 27 millones de asegurados de vida. Hay otros seguros, como los de hogar, tarjetas de crédito, los complementarios por ocupación de vehículos, que también incluyen indemnización por fallecimiento. En total, este registro podría beneficiar a unos 70 millones de ciudadanos".

Excepciones

En el nuevo registro, quedan excluidos los seguros que instrumentan compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores, así como los que, en caso de fallecimiento del asegurado, coincidan tomador y el beneficiario. También estarán fuera de este registro los contratos suscritos por mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social empresarial, mutualidades de profesionales colegiados y mutualidades cuyo objeto exclusivo sea otorgar prestaciones o subsidios de docencia o educación.

Los que sí deberán figurar en el registro son todas las entidades aseguradoras con contratos de seguros de fallecimiento, que además tendrán que comunicar los datos relativos a la persona asegurada al Registro General de Actos de Última Voluntad. No será preciso el consentimiento del asegurado para figurar en el registro.

Los posibles beneficiarios deberán acudir al registro con el certificado de defunción y sabrán si tienen derecho a recibir alguna indenmización y de qué compañía. Posteriormente deberán acudir a la aseguradora y cobrar la cantidad.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de crear el registro, que también ha sido apoyado por la Dirección General de Seguros, cuyo director general es Ricardo Lozano.

Pilar González de Frutos mostró ayer su satisfacción por el paso dado, aunque hubiera preferido que la norma recogiera la posibilidad de que las compañías consultaran el Índice Nacional de Defunciones, donde se registran los fallecimientos. "De esta forma, las aseguradoras hubieran podido conocer el fallecimiento y prepararse para hacer frente a la indemnización", apuntó. No obstante, considera que el registro "mejorará la calidad de servicio a los clientes".

Desde la Asociación Española de Consumidores de Seguros (Aecos), que cuenta con unos 15.000 asociados, también se celebra la aprobación del registro. Sin embargo, se apunta que hubiera sido mejor que incluyera los seguros de invalidez. "En ocasiones, la persona que queda inválida no sabe todos los seguros a los que tiene derecho porque pueden corresponderle por tarjetas de entidades, de hoteles o de fidelización de clientes, así como por billetes de avión o tren", explica Javier Polo, director jurídico de Aecos.