Camps utiliza la sesión de control en las Cortes para arremeter contra el Estatuto de Cataluña
García-Gasco secunda la estrategia de la dirección nacional del PP y critica el proyecto
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, utilizó ayer la sesión de control en las Cortes para desplegar la estrategia marcada por la dirección nacional del PP contra la reforma del Estatuto de Cataluña. El presidente introdujo el tema en sus respuestas a las preguntas de los portavoces de los tres grupos parlamentarios, sobre los presupuestos del Estado, la representatividad de las organizaciones agrarias y el PAI de Rabassa. Por tres veces, el presidente arremetió contra el Estatuto catalán. Mientras, el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, también sigue las directrices del PP y en su última carta semanal invita a reaccionar "ante las operaciones que conducen a la desmembración de España y a la falta de solidaridad entre los españoles".
"La unidad de España es un asunto moral", dice el arzobispo de Valencia en su carta
La estrategia del PP de pedir la movilización de la sociedad civil española contra el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, que pasa por la petición a todos sus cuadros para que pongan todo su empeño en explicar que se trata del mayor "problema histórico" al que se enfrenta España y por animar a cualquier ciudadano a opinar sobre el asunto fue puesta en práctica ayer por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que utilizó para ello la sesión de control al Consell en las Cortes Valencianas. Sin venir a cuento, y por tres veces, el presidente introdujo el asunto.
Y lo hizo ya en la primera pregunta, la del portavoz del Grupo Popular, Serafín Castellano, sobre la valoración que le merecía el tratamiento que se da a la Comunidad Valenciana en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 presentados por el Gobierno que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Después de lamentarse por lo que considera una discriminación hacia los valencianos en el proyecto presupuestario por parte del que calificó como "un Gobierno de la desinversión", Camps se refirió a la reforma estatutaria catalana para explicar que incluye un modelo de financiación "lesivo para los intereses de España" y para asegurar que el proyecto "perjudicará" a la Comunidad Valenciana.
Joan Ignasi Pla, portavoz del Grupo Socialista y secretario general del PSPV, que tenía que preguntar a continuación, no dejó pasar el asunto e instó al presidente a "respetar las normas y dejar que el Estatuto se tramite con normalidad" y a no intentar generar "incertidumbre y confusión entre la ciudadanía". Pla añadió que los valencianos "tienen que estar muy tranquilos" porque la reforma del Estatut de la Comunidad Valenciana incluye la cláusula Camps, que el presidente "se empeñó en imponer, y que permite en cualquier caso que lo que tengan los catalanes lo vamos a tener nosotros".
En su réplica a Pla, el jefe del Consell recordó que la citada cláusula, que permite que el Estatuto valenciano asuma ampliaciones de competencias recogidas en otros textos estatutarios, fue fruto del "pacto y el consenso" entre el PP y el PSPV y se "ajusta estrictamente a la Constitución". Y añadió que cualquier aplicación de la cláusula se hará en el marco de la Constitución, que, dijo, ha sido "ampliamente superado" por el proyecto de reforma estatutaria de Cataluña. El portavoz de Esquerra Unida-L'Entesa, Joan Ribó, entró en el asunto y pidió a Camps que no se deje llevar por lo que "hicieron sus antecesores" de Alianza Popular, y que deje de utilizar "la unidad de este país para intentar confrontar a los españoles".
Pero Camps no se quedó solo ayer en el despliegue de la estrategia del PP en contra del proyecto catalán de reforma estatutaria. Como ya ha sucedido en varias ocasiones en los últimos tiempos, el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, que ha dado diversas muestras de seguidismo de las directrices de los populares, también se ha puesto manos a la obra en esta ocasión, como releva su última carta semanal, titulada Sentido del Estado frente a juego de palabras. "Quienes tienen como tarea fundamental garantizar la unidad constitucional de España deben reaccionar con inteligencia y firmeza ante las operaciones que conducen a la desmembración de España y a la falta de solidaridad entre los españoles", señala el arzobispo. "El sentido de la Nación no admite ambigüedades. Causa estupor comprobar cómo se pretende camuflar el independentismo radical bajo juegos de palabras. La Nación y el sentido del Estado no pueden quedar reducidos a un crucigrama, a un acertijo o a un pasatiempo que puede acabar en rompecabezas", explica, para añadir que "en nuestro orden constitucional, España es el bien común que se basa en la solidaridad de todas sus tierras y comunidades autónomas".
En su opinión, "vulnera la lógica constitucional dejar que los independentistas aprovechen ese mismo orden para destruir el bien común".
Para García-Gasco, "la unidad de España es un asunto moral, no es una convención lingüística artificial, sino un modo pacífico y constructivo de convivencia que sólo el egoísmo, el radicalismo y el afán de intereses particulares quieren poner en peligro". Y concluye: "La aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia en estos momentos pide veracidad y compromiso ético a la hora de defender el sentido y las consecuencias de la unidad de España. Es tarea de todos los ciudadanos, y de modo principal de las autoridades políticas. Está en juego nuestro bien común y nuestra contribución al orden internacional".
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