Comerciantes de Centro aseguran que las obras les han hecho perder el 80% de ventas a turistas

"Entre julio y septiembre, las ventas a los turistas han descendido un 80%", afirmó ayer Ignacio Lario, presidente de la Asociación de Comerciantes de Carmen, Preciados y Adyacentes. Éste afirmó que eso es fácil de constatar porque a los clientes que no proceden de la UE hay que detraerles el impuesto de valor añadido (IVA) de sus compras. Según él, las obras continuadas en el centro de la capital han hecho descender el volumen de negocio. Fue una de las quejas de los representantes de las asociaciones de comerciantes y hosteleros con los que ayer se reunió la portavoz del grupo municipal socialista, Trinidad Jiménez. El PSOE reclamó un fondo de dos millones de euros para mitigar el impacto de las obras.

Lario se lamentó de que las empresas que forman parte de su organización vienen soportando una obra tras otra desde 2000, cuando comenzaron los trabajos de pavimentación de la Gran Vía, y deberán esperar a 2009 para librarse de ellas, pues hasta entonces no finalizarán las de la estación de Cercanías bajo Sol, que hace el Ministerio de Fomento. Por eso, reclamó coordinación en las obras y que se impida hacer nuevos trabajos en las mismas zonas.

Jiménez le respondió que desde su partido siempre han pedido planificación al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid, y recalcó que ya existe una ordenanza que establece una cadencia de cuatro años entre las obras. "Hay un problema de incumplimiento", subrayó.

La portavoz socialista también destacó que en los Presupuestos Municipales de 2006 sólo se prevén 86.000 euros para el fomento del comercio en Centro. "Eso es una burla. Es no tomar en serio una actividad económica tan importante", destacó Jiménez, que apuntó que, "según los datos del Ayuntamiento, el número de locales para uso comercial ha disminuido el 13% en el distrito Centro".

"El alcalde [Alberto Ruiz-Gallardón] dice que los perjuicios que causan las obras se recuperan después. Es posible, pero en el modelo comercial madrileño, el comerciante no es propietario de su establecimiento, sino que suele ser inquilino", agregó Lario. Según él, los alquileres suelen ser por periodos cortos y, cuando finalicen las obras, algunos negocios verán cómo les suben los precios. "Hay comerciantes que acabarán pagando dos veces la obra", concluyó.

También un representante de los trabajadores autónomos, Abel Martínez, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Madrid (ATA), se quejó de la "falta de previsión" en las obras y recalcó que la capital padece "una pérdida de competitividad con respecto a otras provincias".

El gerente de la Asociación Empresarial de Hostelería La Viña, Juan José Mardones, cuya organización representa a unas 3.000 empresas del sector, explicó en su turno que una de cada cuatro empresas de hostelería está directa o indirectamente afectada por las obras en la capital, según sus estudios. De las 20.000 establecidas en el término municipal, serían alrededor de un millar.

Mardones también comentó el caso de uno de sus asociados: un establecimiento de Moncloa que no ha podido poner terraza este verano por culpa de las obras y que, sin embargo, ha tenido que pagar unos 300 euros al mes, que es la tasa municipal correspondiente a la ocupación del espacio público. "Tras reclamar a la Junta Municipal y que le insistieran en que debía pagar, la única solución era acudir a la vía contencioso-administrativa", recalcó. "Pero el procedimiento judicial costaba más que la tasa... y al final no ha recurrido", agregó.

Los asistentes, entre los que también había representantes de los sindicatos UGT, CC OO y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (Copyme), entre otras organizaciones, comenzaron hablando de las obras en la ciudad, pero pronto se sintieron cómodos y fueron sacando a colación otras cuestiones que afectan a su trabajo diario. La nueva ordenanza de circulación fue una de las más citadas, puesto que los presentes se quejaron de que el estacionamiento restringido en algunos barrios no contempla su situación.

"Nos dicen que nos adaptemos a las nuevas tecnologías, al nuevo mercado, que pongamos servicio a domicilio... pero una empresa de alimentación, a la que no le dan tarjeta de residente, si tiene una furgoneta de reparto y sale a un encargo, no puede volver en cuatro horas", explicó Mariano Sancho, director de la Asociación Madrileña de Empresarios de Alimentación y Distribución La Única. Ginés Carrión, responsable de venta ambulante de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), criticó el proceso sancionador: "Si los vendedores ambulantes no llegamos a la hora a nuestros puntos, porque cada vez tenemos que hacer más itinerarios alternativos por las obras, nos prohíben acceder al recinto o nos sancionan". Y reclamó algo que fue unánime en todas las intervenciones: "Quisiera que el Ayuntamiento de Madrid tuviera más sensibilidad".