El juez dicta orden de detención internacional de los tres militares que mataron a Couso

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó ayer la detención en cualquier país a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses que el 8 de abril de 2003 mataron con un disparo de tanque al cámara de Tele 5 José Couso, que se encontraba en el piso 15 del hotel Palestina, desde donde cubría la toma de Bagdad por los norteamericanos. El magistrado les imputa un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato, ya que Couso tenía la consideración de personal civil protegido por el Convenio de Ginebra de 1949. El fiscal recurrirá la decisión.

En un auto de cinco folios, Pedraz relata el inicio del conflicto bélico en Irak y cómo la mayor parte de la prensa internacional se alojaba en el hotel Palestina, adonde se había trasladado desde el hotel Rashid por indicación del Pentágono.

El magistrado destaca también que el hotel Palestina era uno de los edificios más altos de Bagdad y que se encontraba en el área residencial donde vivía la mayoría de la población civil. Y que el 8 de abril de 2003, un tanque Abrams M1 del 64º Regimiento Blindado, 4º Batallón, perteneciente a la 3ª División de Infantería del Ejercito estadounidense disparó un proyectil contra el hotel, que alcanzó a José Couso, que falleció a las pocas horas. En ese ataque también murió Taras Protsyuk, reportero de Reuters de nacionalidad ucrania.

Los imputados son el sargento Thomas Gibson, que realizó el disparo desde el tanque; el capitán Philip Wolford, que tenía el mando de la unidad de blindados, y el teniente coronel Philip de Camp, que mandaba el Regimiento de Blindados número 64. Wolford autorizó el disparo tras consultar con De Camp.

El juez Pedraz recuerda que el 21 de abril de 2004 solicitó el auxilio judicial internacional al fiscal general de los Estados Unidos para recabar documentación sobre los hechos investigados y el 6 de junio de 2005 para que se recibiera declaración en calidad de imputados a los tres militares implicados. Añade que hasta la fecha no ha habido respuesta.

Por tanto, el juez ha ordenado la busca y captura y detención internacional a efectos de extradición de los tres militares "como única medida efectiva para asegurar su presencia en el proceso" y a disposición de la justicia española, "a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos, a pesar del vínculo de cooperación mutua entre España y aquel país (...) y de los repetidos recordatorios librados para la ejecución y cumplimiento de las solicitudes de auxilio enviadas al Fiscal General Norteamericano".

La fiscalía recurrirá

La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que recurrirá la decisión del juez por entender que no tiene competencia para investigar el caso y que no existe ningún delito de persecución internacional sobre el que sustentar la orden de detención dictada.

Estados Unidos no tiene por costumbre extraditar a sus ciudadanos e incluso en ocasiones ha negociado la impunidad de sus militares antes de intervenir en algún conflicto bélico. Tampoco ha reconocido la Corte Penal Internacional. Ya en junio de este año, un funcionario del Departamento de Estado manifestó a Reuters que "hará frío, mucho frío, en el infierno", antes de que los militares sean interrogados en España. Si no permitió que se tomase declaración a los tres imputados, mucho menos accederá a entregarlos a la justicia española.

Sin embargo, la orden internacional de detención librada por el juez Pedraz impedirá que los tres imputados viajen libremente por el mundo, ya que podrían ser detenidos en cualquier aeropuerto y ser extraditados a España.

La familia de José Couso ofreció ayer una conferencia de prensa en la que solicitó al Gobierno que tramite la extradición lo antes posible y agradeció a los medios de comunicación la ayuda prestada.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, declaró que respeta la decisión judicial y espera que no afecte a las relaciones con Estados Unidos.

Amnistía Internacional, por su parte, interpretó la decisión como un nuevo impulso al concepto de Justicia Universal desde España.