Los socialistas remiten a los planes territoriales para frenar el consumo de suelo no urbanizable

Los socialistas introducirán en el debate del proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), que se tramita en las Cortes Valencianas, límites a la reclasificación de suelo en el territorio valenciano. El PSPV propone que en la costa sólo se reclasifique el suelo que establezcan un plan de acción territorial y en el resto, lo que digan estos planes o que en su defecto se permita un máximo de 20 viviendas por cada 1.000 habitantes al año. El PP presentó 109 enmiendas, además de otras 158 de carácter técnico, para, entre otras cosas, introducir los cambios que reivindica la Unión Europea.

El PSPV propone un máximo de 20 nuevas viviendas por cada mil habitantes al año

En el paquete de enmiendas que ayer presentó el Grupo Socialista en las Cortes se incorpora una disposición adicional en la que se propone la suspensión de todos los Programas de Actuación Integrada (PAI) que incorporen suelo no urbanizable, "tanto los de nueva formulación como los que están en tramitación", recoge el texto. Serán excepción los PAI que sólo incorporen un 5% del total como suelo no urbanizable.

En cuanto a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que se revisen, los socialistas proponen que en los escasos reductos de costa que no se pueden urbanizar en estos momentos se supedite la reclasificación de suelo a lo que dicte los planes de acción territorial, pensados para planificar el desarrollo urbanístico y que, según los grupos de la oposición, llevan un considerable retraso. Si no hay plan no se podrá reclasificar ni un solo metro. Para el resto del territorio, de nuevo lo que digan los planes de acción territorial de cada área y en aquellas zonas donde no existan, los socialistas proponen que se construya la media de licencias concedidas en la última década, con un límite máximo de 20 viviendas por cada 1.000 habitantes y año. Otras comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía o Baleares cuentan en estos momentos con restricciones de este tipo a la urbanización del territorio. Los socialistas esbozarán su modelo de política urbanística durante el debate de este proyecto de ley después de que la oferta de pacto lanzada por el Consell no prosperase.

Los populares, por su parte, han registrado 109 enmiendas, que se suman a las 158 de carácter técnico que presentó al final del primer plazo. Las enmiendas "mejoran sensiblemente" la ley, según el portavoz popular adjunto Rafael Maluenda, quien destacó la voluntad de su grupo de "mejorarla" y de "adecuarla" a informe de la Unión Europea.

Maluenda criticó a los socialistas porque su enmienda a la totalidad con texto alternativo "niega a los valencianos un acuerdo para mejorar el urbanismo" en la Comunidad Valenciana.

Entre las enmiendas del PP destacan las relativas a la figura del agente urbanizador -por ejemplo, al delimitar los requisitos de solvencia económica requeridos para ejercer como tal-, a la iniciativa para la tramitación de PAI, o a los proyectos que afecten a dos o más municipios. En este último caso el PP propone que los ayuntamientos que ejerzan la iniciativa estén obligados a requerir a los otros municipios para conseguir un acuerdo para la tramitación, aprobación y ejecución del proyecto urbanizador. Este requerimiento se tendrá que efectuar antes del trámite de información pública. Si en tres meses no se consigue el acuerdo, el Ayuntamiento promotor lo comunicará a la Generalitat, que asumirá la competencia para tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento.

Esquerra Unida-L'Entesa ha presentado 360 enmiendas, en las que pide un aumento de las sanciones o reservar un 33% de cada PAI a vivienda protegida. El portavoz adjunto de EU-L'Entesa, Joan Antoni Oltra, que presentó las enmiendas junto al también diputado Carles Arnal, explicó que con sus propuestas se pretende mejorar un texto que les parece "todavía muy insuficiente para ordenar y solucionar uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad valenciana".

Con sus enmiendas, este grupo busca aumentar las garantías y derechos de los pequeños propietarios; reducir las prerrogativas del agente urbanizador y aumentar la competencia y la transparencia en los procesos. También reclama el fin del crecimiento discontinuo de las ciudades, porque "el desarrollo urbanístico debe ir pegado a los centros urbanos y no de forma aislada y creando islotes, como hasta ahora".