Los TSJ rechazan los consejos autonómicos y la justicia de proximidad
Los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), reunidos en Granada desde el pasado lunes, aprobaron ayer un documento de conclusiones en el que se oponen al proyecto del Gobierno de crear consejos judiciales autonómicos, así como a su intención de abrir nuevos juzgados de proximidad. Los magistrados consideran que esas reformas podrían politizar el gobierno de los jueces. Los nuevos órganos judiciales vulnerarían el derecho a la tutela judicial efectiva.
Los jefes de los 17 tribunales de ámbito territorial autonómico consideran que sus Salas de Gobierno son instrumentos eficaces y legítimos que no deben sustituirse por los consejos autonómicos, considerados "perturbadores". "La integración de componentes ajenos a la carrera judicial, elegidos por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas conlleva el riesgo de politización de las decisiones sobre cuestiones de gobierno interno", avisa el documento.
En su lugar, los magistrados proponen la potenciación de las comisiones mixtas entre comunidades autónomas y Salas de Gobierno y que estas se regulen por ley. "La asunción de competencias de justicia por parte de diversas comunidades autónomas ha resultado positiva por aportar mayor eficacia y cercanía a las necesidades del ciudadano. Por ello instamos a que se inicien y culminen esos procesos de transferencia en el resto de comunidades con la consiguiente creación de esas comisiones mixtas de coordinación y cooperación", explican.
Desigualdad de acceso
Respecto a los juzgados de proximidad, los presidentes se quejan de la desigual implantación territorial prevista en ese modelo, que depende de criterios como la población o la capitalidad. Esos órganos crearán, según los magistrados, "desigualdad en el acceso de los ciudadanos al servicio público de la Justicia al establecer dos niveles de acceso a juzgados y tribunales", afectando al derecho a la tutela judicial efectiva.
"El modelo actual de distribución de juzgados está profundamente desconcentrado por lo que no se advierte ninguna ventaja de proximidad en el modelo propuesto con respecto al vigente", continúa el documento. "En todos los municipios en los que se pretende implantar juzgados de proximidad, existen ya juzgados civiles y penales que, adecuadamente dotados de medios personales y materiales, pueden atender las necesidades de los ciudadanos, y que están servidos por jueces y magistrados revestidos de plenas garantías de imparcialidad e independencia", añade.
Los responsables de los TSJ sí están de acuerdo, sin embargo, con que esos tribunales culminen la organización judicial autonómica descargando de trabajo al Tribunal Supremo. Para ello, reclaman que se adecue la planta de sus Salas de lo Civil y Penal y se complementen los medios personales de las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa.
