El colapso judicial aplaza a 2007 los juicios para los inmigrantes que piden documentos

Venga usted a juicio en el año 2007. Esa es la respuesta que se le está dando a un inmigrante en la ciudad de Barcelona cuando presenta una demanda ante los tribunales porque se ha decretado su expulsión, porque no se le ha renovado el permiso de residencia o porque no se le concedió en el último proceso de regularización. Los 14 juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona, que son los que han de resolver esos casos, están saturados y en los próximos meses acabarán bloqueados porque se calcula que pueden llegar más de 11.000 nuevos asuntos en poco tiempo.

El último proceso de normalización para los inmigrantes que residían en España de forma irregular pero tenían de un contrato de trabajo se cerró el pasado 7 de mayo. En el caso de la ciudad de Barcelona, la subdelegación del Gobierno no admitió 5.102 casos por falta de documentación, denegó expresamente 7.051 peticiones y otras 9.682 todavía se encuentran en trámite de resolución administrativa. En total, 21.835 expedientes. Teniendo en cuenta los porcentajes de otros procesos, es muy probable que los inmigrantes acaben recurriendo en los juzgados contra más de 11.000 asuntos, como mínimo, pues ese trámite es gratuito para la mayoría de ellos porque el Colegio de Abogados de Barcelona dispone de un turno de oficio de más de un millar de letrados especializados en esta materia.

Hace tan sólo tres meses, los juzgados de lo contencioso tenían 6.500 asuntos en trámite y estaban señalando juicio para dentro de un año. En la actualidad ya lo están haciendo para dentro de 15 meses y cuando llegue el grueso de los asuntos la espera puede llegar a dos años o más tiempo si no se adoptan medidas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La última memoria del juzgado decano de Barcelona, presentada hace unos meses, ya advertía de esa situación y reclamaba "un mínimo de cuatro juzgados más". Nada se ha hecho todavía desde el órgano de gobierno de los jueces. La junta de jueces de lo contencioso-administrativo se reunió ayer y acordó dirigirse al CGPJ solicitando 14 jueces de refuerzo, uno por cada juzgado, como única forma de abordar el problema

Los inmigrantes son los más afectados por el bloqueo, pero no los únicos porque la ley no prevé que unos casos tengan preferencia sobre otros. La espera de 15 meses para la celebración de juicio también afecta a las sanciones de tráfico, retiradas de carnet de conducir, impuestos de cuantía superior a 12.000 euros, sanciones a funcionarios, la convocatoria de las bases para una oposición o infracciones de la normativa de consumidores.

Los primeros asuntos de extranjería ya han empezado a llegar a los juzgados de lo contencioso-administrativo y los jueces han señalado la celebración de los juicios para enero de 2007. Los funcionarios judiciales explican que han recibido varias llamadas de abogados preguntando si no se trata de un error en la fecha y si, en realidad, no se refería a enero de 2006. No, no es un error. "Estamos al borde del colapso y en las próximas semanas se producirá el hundimiento", asegura la magistrada María José Moseñe, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Barcelona y delegada de esta jurisdicción.

Los datos avalan su predicción. En lo que va de año, los 14 juzgados de lo contencioso-administrativo han recibido una media de 514 demandas que los sitúa en una carga de trabajo muy alta. Si las previsiones de extranjería se cumplen, cada juzgado recibirá 785 nuevos pleitos en las próximas semanas. Desde que un inmigrante presenta una solicitud, la Administración tiene tres meses para responder. Si no lo hace, se entiende denegada por silencio administrativo; transcurrido ese tiempo y a partir de entonces, el extranjero tiene seis meses para acudir a los tribunales. A los primeros que ya lo han hecho ya se les ha señalado el juicio para enero de 2007, pero el grueso de casos aún está por llegar.

El juicio por un asunto de extranjería es relativamente corto y puede durar entre 10 y 15 minutos, pero la ley obliga a que se celebre, por lo que el juez no puede resolver si no hay vista. En los casos en los que la demanda recurre contra una orden de expulsión, la sentencia es vinculante y ratifica o anula la expulsión. Lo mismo sucede en los casos en los que se ha denegado la renovación de un permiso de residencia. Sin embargo, cuando se trata de que las solicitudes para obtener papeles no han sido admitidas de plano, la sentencia únicamente se pronuncia sobre si la decisión administrativa ha sido correcta o no. Si se le da la razón al inmigrante dentro de 15 meses en el juicio, deberá volver a presentar la solicitud. Mientras tanto, seguirá en situación irregular en España y, por tanto, siendo candidato a la expulsión.

Apoyo de los abogados

"La sociedad debe saber lo que está pasando y que estamos condenando a esa persona a esperar porque no tenemos medios", advierte la juez Moseñe. Jordi Pina, responsable del turno de oficio y de extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona, asegura que la situación "es muy preocupante" y sugiere que, en los casos en los que los jueces den la razón al inmigrante, se condene en costas a la Administración por temeridad, tal como prevé la ley. "Quizá entonces hilarían más fino a la hora de denegar un permiso y resolver las solicitudes", asegura Pina. La juez Moseñe, por su parte, no puede evitar realizar comparaciones. "Tan importante es la violencia doméstica como las demandas de extranjería. En unos casos se destinan muchos recursos y hay una respuesta rápida y contundente, y me parece muy bien que así sea, y en otros se le hace esperar al inmigrante más de un año", explica.