Los socialistas denuncian que Cotino adjudicó de forma irregular a una empresa un estudio estratégico del campo

El PSPV-PSOE denunció ayer la supuesta contratación irregular de una empresa por parte de la Consejería de Agricultura, que dirige Juan Cotino. Los diputados Antoni Lozano y José Camarasa desgranaron en una comparecencia las presuntas ilegalidades de un contrato adjudicado sin publicidad en diciembre de 2004 a una empresa que, a su juicio, no reunía los requisitos y que cobró 120.000 euros por realizar un plan estratégico sobre el campo valenciano.

Según la documentación en manos de los socialistas, que consultaron el expediente en la propia consejería tras recibir algunos datos a través de una carta anónima, Agricultura adjudicó el 23 de diciembre de 2004 a la empresa Finca Don Fernando, SL, la asistencia técnica para la relación de un "proyecto estratégico agroalimentario de la Comunidad Valenciana". La contratación se realizó por el procedimiento negociado, sin publicidad, lo que sólo se justificaría legalmente, según explicó el portavoz de Agricultura del grupo socialista en las Cortes, Antoni Lozano, si la empresa fuera la única capacitada para cumplir con el encargo de la consejería. El diputado señaló que en el expediente consultado en la consejería se indica "que la empresa lo puede hacer bien, pero no que es la única que puede realizar el trabajo", lo que supone contravenir la ley de contratos con las administraciones públicas.

Además, continuó Lozano, la ley prevé la contratación externa para los casos en que la Administración no disponga de medios propios, lo que tampoco es el caso. El parlamentario socialista citó como candidatos solventes a redactar el informe al Instituto de Investigaciones Agrarias o a la Universitat de València, y destacó que la propia consejería tiene un servicio de estudios con 14 funcionarios y entre cinco y diez becarios. "Ya sólo en las páginas amarillas hay infinidad de empresas que pueden hacer este trabajo", dijo Lozano, quien acusó al consejero de permitir una "contratación a dedo" y "en contra del principio de que todos son iguales ante la Administración". El grupo socialista denunció también que la empresa ajustó su objeto social para encajar en la contratación de una asistencia técnica.

La consejería replicó en términos genéricos que los parlamentarios consultaron la documentación hace cuatro meses "y no encontraron en él nada susceptible de denuncia".Lozano denunció también que la empresa adjudicataria registró un cambio de objeto social nueve días antes de la adjudicación, con lo que a su juicio se pretendió "dar apariencia de legalidad" al contrato. Finca Don Fernando, SL, se dedica a la obtención y comercialización de productos agrícolas, pero según el portavoz socialista de Agricultura, el 14 de diciembre de 2004, nueve días antes de la adjudicación, registró la ampliación de su objeto social para incorporar la elaboración de "proyectos de desarrollo agrícola" y de "tareas de asesoramiento, consultoría e información a favor de entidades públicas y privadas". "Sin ese objeto social no podía hacer el trabajo", resaltó Lozano, quien aseguró que la adjudicación "estaba predeterminada" y que la empresa no presentó avales de estudios anteriores.

El diputado socialista también explicó que la adjudicataria realizó después de firmar el contrato una consulta a la Dirección General de Tributos para saber si le correspondía pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al ampliar su objeto social. Siempre según la documentación recabada por los socialistas, el pliego del contrato sin publicidad especificaba que la empresa cobraría antes de finalizar el año 2004 el 40% de los 120.000 euros. La adjudicación, como consta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se produjo el 23 de diciembre de 2004.

Opacidad

José Camarasa consideró que la adjudicación es "ilegal, un insulto a la inteligencia y un atraco a los bolsillos de los valencianos". Además, para el diputado, el consejero Cotino permitió una contratación "arbitraria y manipuladora", en la que supuestamente se ajustó la situación de la empresa a las exigencias del encargo en "un entramado" dirigido a beneficiar "a una empresa amiga de Cotino". Camarasa criticó "la opacidad de las cuentas públicas" y enmarcó la denuncia en "la ofensiva socialista por la transparencia". El parlamentario desgranó el currículum del responsable de la adjudicataria -al que este periódico no pudo localizar ayer-, del que destacó que fue fundador de Jóvenes Agricultores, un hecho que relacionó con la ofensiva de Cotino contra el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, por su apoyo al cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó.

"Al contrario de lo que hace el PSPV, la Generalitat muestra una absoluta transparencia en todas sus actuaciones y contrataciones", respondió la consejería. Sin entrar en los detalles de la denuncia, Agricultura señaló que los diputados socialistas pudieron revisar hace cuatro meses "toda la documentación del expediente con el que ahora pretenden confundir a los ciudadanos" sin haber encontrado "nada susceptible de denuncia". Los socialistas afirmaron que estudiarán una posible querella. La consejería instó al PSPV "a que no trate de distraer la atención" de un "tema fundamental en el campo valenciano en este momento, que no es otro que el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó que de manera injusta y unilateral ha llevado a cabo el Ejecutivo socialista".