El principal asesor de Bush declara por cuarta vez en el caso de la agente de la CIA

Karl Rove, el principal asesor político de George W. Bush, compareció ayer por cuarta vez ante el Gran Jurado que trata de determinar si se cometió un delito al filtrarse el nombre de una agente de la CIA, Valerie Plame, y si hay materia suficiente para un proceso. Tras las declaraciones de varios periodistas, está claro que tanto Rove como I. Lewis Lobby, jefe de gabinete del vicepresidente Cheney, hablaron del asunto, a pesar de que la Casa Blanca lo desmintió hace dos años, cuando estalló el caso. Las encuestas presidenciales, además, son pésimas.

El Gran Jurado concluirá su labor -investigar de dónde salió la información que destapó el nombre de Valerie Plame en una represalia contra su marido, el ex diplomático Joseph Wilson, que había desacreditado la tesis de que Irak quiso comprar uranio en Níger- dentro de dos semanas. Revelar intencionadamente la identidad de una agente secreta es un delito grave; en caso de que sea imposible probar la intencionalidad, hay otras acusaciones que pueden entrar en juego, desde falsas declaraciones hasta obstrucción de la justicia o perjurio. El hecho de que Rove haya ido cuatro veces a declarar es más que inquietante; es posible que las revelaciones de la periodista Judith Miller al salir de la cárcel -en la que se pasó el verano por no revelar sus fuentes en el caso- hayan dejado al descubierto alguna contradicción en testimonios anteriores de Rove.

A la espera de saber qué elementos maneja el fiscal especial, Patrick Fitzgerald, la posibilidad de que Rove sea procesado tiene a la Casa Blanca en alta tensión. Los frentes abiertos son numerosos y el momento no podía ser peor para el presidente: el referéndum en Irak y la ausencia de perspectivas de retirada de las tropas, los despropósitos de la ayuda a los afectados por Katrina y las consecuencias económicas de los huracanes, la batalla interna en el campo conservador por el nombramiento de la abogada y amiga de Bush, Harriet Miers, para el Tribunal Supremo, y los escándalos que afectan a líderes republicanos en el Congreso y a un afamado lobbysta, Jack Abramoff, con múltiples lazos en los círculos de poder.

Estos elementos se combinan para inyectar en el panorama político y económico una elevada dosis de incertidumbre, y en la percepción popular, la sensación de que no hay nadie al timón. Todo ello se traduce en diversos sondeos que mantienen al presidente en el fondo del pozo: tanto la encuesta de NBC y The Wall Street Journal como la del Pew Center sitúan el índice de aprobación de Bush por debajo del 40%; la habitualmente entusiasta cadena de televisión Fox coincide también en el hundimiento de la popularidad presidencial (del 45% de septiembre al 40%). Sólo uno de cada tres estadounidenses cree que el país va por buen camino.

En palabras de Andrew Kohut, presidente del Pew Center, "los datos de Bush van de mal en peor. Su índice de aprobación está en un nuevo récord negativo; y por primera vez desde que llegó a la Casa Blanca, en enero de 2001, la mayoría de norteamericanos cree que será considerado como un mal presidente".

Ni los ocho viajes de Bush a las zonas afectadas por los huracanes ni la repetición de sus mensajes sobre los avances en la guerra contra el terrorismo y en Irak han invertido la tendencia; el pesimismo se extiende. Y al ciudadano de a pie le pone de los nervios pagar más de tres dólares el galón de gasolina (3,78 litros), una subida del 30% si se compara con los surtidores de antes del verano. Según el sondeo de la NBC, el 69% cree que lo peor aún no ha llegado con respecto al precio de la gasolina.

En esta situación, ¿es posible que la amenaza de procesamiento haya distraído a Rove, y que eso explique el despiste presidencial sobre Nueva Orleans o el lío en el que se ha metido al nombrar a su asesora jurídica para el Supremo? La Casa Blanca, a través del portavoz, Scott McClellan, aseguró ayer que no, y que todo el mundo está concentrado en el trabajo y la solución de los problemas.

Pero Joseph diGenova, un republicano que fue fiscal especial, declara a The Washington Post que en absoluto hay que menospreciar el devastador efecto de los procesos jurídicos como el que rodea el caso Plame: "La gente no tiene ni idea de lo que ocurre en el curso de una investigación; es debilitador. No es sólo que distraiga, es que debilita. Es como un puñetazo en el estómago".