España envía a Bruselas un plan de reformas para converger con la UE en cinco años

El Gobierno prepara ayudas para favorecer la creación de empresas y promover la investigación y el desarrollo (I+D) como bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Ésta es una de las medidas del plan de reformas aprobado ayer por el Consejo de Ministros para alcanzar la convergencia con la UE en renta por habitante en 2010, objetivo establecido en la Agenda de Lisboa. Este programa, que será enviado a Bruselas, se articula en torno a siete ejes, como estabilidad presupuestaria, educación, infraestructuras, I+D, liberalización de los mercados y empleo.

Los países europeos acordaron hace cinco años en Lisboa convertir la UE en la zona más competitiva del mundo en 2010, pero la consecución de este objetivo acumula numerosos retrasos. Para dar un nuevo impulso a la llamada Agenda de Lisboa, los países miembros acordaron en marzo pasado presentar un plan nacional de reformas a Bruselas antes del 15 de octubre. La Comisión analizará los programas y los incluirá en un informe anual en junio de 2006.

Uno de los principales retos de la economía española es aumentar el número de empleados, hasta situar la tasa de actividad en el 66% de la población (desde el 57,35% actual). El plan recoge una serie de medidas en materia económica puestas en marcha por el Gobierno y tiene estos ejes de actuación:

- Estabilidad. Uno de los puntos es reforzar la estabilidad económica, sobre todo la presupuestaria. Este apartado incluye la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite a las comunidades autónomas registrar un determinado déficit cuando crezcan por debajo de la media española. También aquí se incluyen las líneas generales de la reforma fiscal que el Gobierno prevé presentar a finales de este año.

- Fomento empresarial. El Gobierno ultima un Plan de Fomento Empresarial en el que estudia incluir bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para los empresarios que empiezan, jóvenes sobre todo, y las empresas que invierten en tecnología e investigación. También se contemplan medidas jurídicas para agilizar los trámites de creación de empresas y más créditos a bajo interés para emprendedores.

- Transportes y agua. Para mejorar la productividad, el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha un plan de infraestructuras en el que prevé invertir un total de 241.392 millones de euros hasta 2020. La apuesta principal es el ferrocarril. Además, también está incluido un plan de gestión del agua, basado en desaladoras, que sustituye al Plan Hidrológico Nacional.

- Capital humano. La formación de los trabajadores es otro punto principal y se articula a través de medidas como la nueva Ley Orgánica de Educación, la gratuidad de la enseñanza infantil y más becas para estudiantes e investigadores.

- Innovación. La estrategia de investigación, desarrollo e innovación se resume en Ingenio 2010. Con este plan, España dedicará el 2% del PIB a I+D en 2010, lo que supone duplicar el actual gasto e igualar la actual media de la UE de los Quince. El programa prevé incorporar 900 investigadores de prestigio al ámbito público, extender la Administración electrónica, alcanzar la tasa de un ordenador por cada dos alumnos en los colegios y doblar el número de hogares con acceso a Internet.

- Más competencia. Se trata de un plan de dinamización con cien medidas. Un primer paquete fue aprobado en febrero pasado con la constitución de la Sociedad Pública de Alquiler, cuyo objetivo es intermediar en este mercado y dar seguridad jurídica al propietario, y que se pondrá en marcha al cien por cien este mes. Este plan también aumenta la competencia en la distribución mayorista y minorista de tabaco.

- Mercado de trabajo y diálogo social. Precisamente ahora están negociando sindicatos y empresarios una reforma del mercado de trabajo, cuyo objetivo es reducir la alta temporalidad de la contratación en España, que afecta a más del 30% de los contratos que se firman.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se crea y se regula un comisión intersectorial para actuar contra las actividades que vulneran los derechos de la propiedad industrial.