Los ojos de la calle

La videoviligancia llega a Andalucía. Málaga será la primera ciudad en imponer esta controvertida medida a través del proyecto para que 17 cámaras graben día y noche una zona del centro histórico a partir del próximo enero. La apuesta persigue reducir la delincuencia en calles comerciales, pero se trata de una decisión peliaguda que también vulnera la intimidad y coarta las libertades de los ciudadanos, que serán grabados en un lugar público sin que antes medie pregunta alguna.

Las opiniones son diversas ante un tema justo en el centro del debate entre libertad y seguridad. "Cada vez se camina más al Gran Hermano como ese ojo que todo lo ve", ejemplificó Francisco Gutiérrez, Defensor del ciudadano de la Diputación de Málaga, quien se mostró más partidario de la autorregulación y la libertad personal, antes que de la videovigilancia.

El mismo Augusto Méndez de Lugo, presidente de la Comisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo expuso con claridad nada más dar luz verde a su implantación: "A pesar de que la medida supone siempre una disminución de los derechos de los ciudadanos, el criterio de Proporcionalidad inclina la balanza hacia la instalación de esas cámaras". Méndez de Lugo resaltaba que las reclamaciones de asociaciones de hosteleros, comerciantes, y vecinos han pesado más que el hecho de cercenar las libertades de los viandantes.

"Somos capaces de vender casi todo a cambio de seguridad. Nos tendría que preocupar el ser transparentes para bancos, Estado y multinacionales, y esta medida será una más porque lamentablemente aún no hay conciencia ciudadana al respecto", alerta Pilar Castro López, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga.

El delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, firmará previsiblemente esta semana el permiso definitivo tras el dictamen favorable de la Comisión de Videovigilancia del TSJA. Con el apoyo del PSOE y la colaboración del Subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, quien destacó el "consenso institucional, político y social", el PP logró sacar adelante su plan tras aportar informes favorables del Cuerpo Nacional de Policía y la Abogacía del Estado. La intención es reducir los 31.313 delitos y faltas cometidos en Málaga durante 2004, de los cuales el 31% se produjeron en el centro. La cifra supera levemente los 31.284 delitos y faltas de Zaragoza, una ciudad con un nivel de población muy similar.

La primera fase contempla la instalación de 17 cámaras situadas en seis céntricas calles entre la Plaza de la Marina y la Plaza Uncibay. Los objetivos de estas cámaras con gran capacidad de barrido no grabarán el sonido, estarán situadas a cinco metros de altura, y tendrán limitada la visión hacia arriba para evitar que graben el interior de las viviendas.

El Ayuntamiento malagueño comenzó los primeros estudios de viabilidad en 1997, ante la insistencia por parte de los comerciantes del centro. El espaldarazo definitivo llegó la semana pasada y parece ser que supondrá el primer paso para que el ejemplo se repita, si los resultados satisfacen a los sectores implicados. "Hay que ser prudentes y ver cómo evolucionan para su posible extensión. Creo que no se coarta la libertad de los vecinos, porque no es más que un elemento de ayuda a los cuerpos de seguridad", dice el director del Área de Seguridad del consistorio, Carlos Rubio.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha visto en la reciente resolución una victoria épica tras años de batalla. "Más que una queja es una reivindicación de un servicio más, como las guarderías de las que aún adolece el centro", define su presidente Andrés Olivares, a cuyo gremio preocupa no sólo los robos a comercios, sino también los hurtos al turista, presa fácil de los carteristas.

La apuesta de este colectivo es ampliar la vigilancia prevista de unos 300 comercios, y llegar también a las calles más inaccesibles y de mayor índice de delitos. "Seguiremos luchando para que calles como Carretería o la Plaza de la Merced también cuenten con cámaras. La intención del Ayuntamiento si no surgen problemas es seguir ampliando", confirma Olivares.

Las dudas abundan. "Entiendo que para muchos vecinos con niños asustados sea un alivio, pero hay que gestionar con principios", opina José Luis Portillo de Izquierda Unida, que se opone al plan municipal. Portillo entiende que con la instalación de cámaras sólo se trasladarán los delitos a otros barrios y que la solución debe venir desde el incremento de la presencia policial. "¿Llenaremos algún día toda la ciudad de cámaras, como en la famosa película El show de Truman?", interroga.

Lo cierto es que la tendencia cuaja poco a poco en todo el país. Ayuntamientos como el de Lérida poseen desde 1991 un dispositivo con 30 cámaras que según aseguran sus responsables ha logrado reducir la delincuencia hasta en un 70%. El Ayuntamiento de Madrid se sumó a la lista creciente este pasado verano, y ya promueve la instalación de 26 cámaras sólo en la Plaza Mayor ante los robos que sufren sus 12.000 turistas diarios.