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Tribuna:DECLARACIÓN DE SALAMANCA
Tribuna
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Una nueva agenda de desarrollo para América Latina

Latinoamérica ha avanzado en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, pero tiene pendientes grandes reformas en el ámbito institucional, económico y social.

En el marco de la XV Cumbre Iberoamericana, nos hemos reunido un grupo de economistas iberoamericanos los días 7 y 8 de octubre en la ciudad de Salamanca para continuar el trabajo iniciado el pasado año y profundizar las propuestas que se incluyeron en la entonces llamada Agenda de Barcelona para el Desarrollo.

Hemos constatado que en las últimas dos décadas, Latinoamérica ha avanzado significativamente en la corrección de los tradicionales desequilibrios macro-económicos, en la creación de un ambiente más propicio para la actuación privada y en la modernización del Estado. Estos logros mejoran la posición de Latinoamérica para afrontar sus retos futuros.

Pese a ello, percibimos que:

Una mayor equidad favorece el crecimiento económico a largo plazo
Un desarrollo económico exitoso requiere aprovechar las ventajas de la globalización

a) América Latina ha registrado tasas de crecimiento económico y de creación de empleo menor que otras áreas emergentes. Este modesto desempeño se debe a las consecuencias devastadoras de las crisis macroeconómicas y financieras de las últimas décadas.

b) No se ha producido una reducción sustancial de la pobreza y se han perpetuado las desigualdades de oportunidades existentes, lo que hace que Latinoamérica siga siendo la región del mundo con peor distribución de la renta.

c) En algunos países, el malestar social y económico ha dado lugar a nuevas formas de protesta social que amenazan la institucionalidad democrática.

Estamos convencidos que éste es el momento para que América Latina se replantee su agenda de desarrollo. La mayor parte de la región ha superado la crisis de finales de los noventa y la actual fase de crecimiento abre la oportunidad de abordar las reformas pendientes.

América Latina es una región heterogénea, con historias y realidades distintas. Obviar estas diferencias implica caer en simplificaciones políticas, económicas y sociales que han fracasado reiteradamente. Sin desconocer ciertos principios esenciales de buena gestión -como la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal, la prudencia monetaria y la inserción en la economía global-, los problemas económicos requieren de políticas específicas a sus circunstancias. En otras palabras, se precisa el desarrollo de agendas nacionales que identifiquen y jerarquicen cuáles son las políticas y reformas que puedan tener un mayor impacto sobre el crecimiento.

Los procesos de reformas que se pongan en práctica en cada país serán diferentes, así como la secuencia de su implementación.

En nuestras discusiones hemos llegado a un amplio consenso sobre algunos temas que consideramos elementos esenciales de la nueva Agenda:

1. Agendas nacionales consensuadas. Es necesario que todos los actores económicos y sociales se involucren en el diseño de estas agendas nacionales. Sólo de esta manera es posible crear los consensos necesarios para garantizar la estabilidad de las políticas a largo plazo.

El Estado no puede estar ausente en este proceso y debe apoyar y coordinar las prioridades de dichas agendas, aunque es necesario asegurar la transparencia y legitimidad de ese rol. La colaboración entre el sector público y privado en el diseño de esas políticas es fundamental, pero sin que ello implique sustituir al sector privado como motor del crecimiento.

2. Más mercados, más competencia y mejor Estado. La calidad institucional democrática se constata como una condición necesaria para generar crecimiento sostenido en el marco de sociedades abiertas. Entendemos, que los mayores enemigos de la calidad institucional son la incertidumbre asociada a las discontinuidades del Estado de derecho, la corrupción y el clientelismo político. Por ello, recomendamos una acción política decidida para combatirlos.

Mejor Estado también conlleva como requisito el establecimiento de mejores mecanismos de fiscalización, de evaluación y de monitoreo de la acción pública.

Estamos convencidos de que el mercado es una institución fundamental. La expansión y el perfeccionamiento de los mercados deberían estar presentes en los procesos de reformas nacionales.

3. Promover oportunidades para incorporar a los pobres al proceso de crecimiento. La desigual distribución de oportunidades y la falta de movilidad económica y social en Latinoamérica son de las más altas del mundo. Los países necesitan crear las condiciones para llegar a un consenso político y económicamente viable, que fije como metas prioritarias la reducción de la desigualdad de oportunidades y la lucha contra la pobreza extrema. Y no sólo por imperativo ético: una mayor equidad favorece el crecimiento económico a largo plazo.

4. Educación y salud, una buena inversión. La inversión en desarrollo humano se destaca como el mejor instrumento para atacar la pobreza y la falta de igualdad de oportunidades. La política educativa debe ser una prioridad a pesar de que los retornos de esta inversión son a largo plazo. No sólo es importante asegurar la cobertura, sino también la calidad de la educación. Además, la educación -especialmente la superior- debe ser ampliada para mitigar la brecha salarial.

5. Migraciones reguladas, fuente de eficiencia económica. Las migraciones internacionales, adecuadamente reguladas, pueden tener efectos funcionales para la promoción del desarrollo, para la mejora de la eficiencia agregada y para la reducción de las desigualdades internacionales.

6. Apertura e innovación, claves del desarrollo. Un desarrollo económico exitoso requiere aprovechar las ventajas de la globalización. Asimismo, es necesario fortalecer una mayor integración regional, incluyendo especialmente las infraestructuras, las comunicaciones y la promoción de vínculos empresariales entre países. La propuesta de creación de anillos energéticos es un paso en esta dirección.

Además, se debe fomentar la promoción de exportaciones innovadoras que repercutan sobre el conjunto del aparato productivo. La innovación requiere de un apoyo eficiente del Estado.

La Inversión Extranjera Directa es una parte fundamental del proceso de globalización porque incide en la modernización del aparato productivo, aumentando la productividad y facilitando el proceso exportador. Se debe crear el clima necesario para que las empresas extranjeras se sientan atraídas por nuestras economías.

Es prioritario impulsar las negociaciones en la Ronda de Comercio (Doha), especialmente en el área agrícola, para apoyar el dinamismo exportador y la reducción de la pobreza rural en la región.

7. Más infraestructuras para crecer. A pesar de los esfuerzos para incorporar la inversión privada a la provisión de infraestructuras, hay serias deficiencias -en especial en vías y puertos- que limitan el acceso a los mercados regionales y mundiales. Se requiere fortalecer la regulación y crear nuevos mecanismos que involucren al sector público, al privado y promuevan un papel más activo de los organismos financieros multilaterales.

8. Políticas contracíclicas y prevención de crisis. Reconocemos que buena parte de los países latinoamericanos han logrado meritorios avances en la disciplina macroeconómica que, además, se ha incorporado a la cultura económica de estas sociedades como un activo a conservar. Reiteramos la importancia de preservar estos resultados. El siguiente paso es crear espacios para implementar una política macroeconómica contracíclica, acumulando un margen de maniobra para compensar las fases recesivas del ciclo económico y reducir la vulnerabilidad externa.

9. Flexibilidad cambiaria. América Latina abarca una amplia gama de regímenes cambiarios: desde tipos de cambio flexibles hasta dolarización completa. La mayor autonomía de los bancos centrales, una mayor responsabilidad fiscal y la menor dolari-zación financiera reducen los riesgos de la flexibilidad cambiaria, potenciando sus ventajas. Todo esto justifica la actual tendencia hacia una mayor flexibilidad cambiaria. No obstante, es importante evitar apreciaciones que se perciban como excesivas o transitorias, sin descartar el uso de las reservas.

10. Desdolarización financiera. En aquellos países que han optado por mantener su moneda, la dolarización financiera representa un problema. Los descalces entre activos y pasivos suponen una vulnerabilidad para el sistema financiero y generan efectos riqueza no deseados y prociclicidad en los mecanismos de ajustes cambiarios. Se requiere una acción decidida para profundizar los mercados domésticos en moneda local con la suficiente credibilidad y liquidez.

11. Bancarización y mercados de capitales en moneda local. El bajo nivel de bancarización de la población, los todavía elevados niveles de dolarización de algunos sistemas financieros y los hasta ahora elevados niveles de deuda pública hacen que América Latina aproveche, sólo parcialmente, su ahorro interno para financiar su crecimiento. Consideramos una prioridad la extensión y profundización de los sistemas bancarios y de los mercados financieros en moneda local.

12. Adaptación de la arquitectura financiera internacional. Los mercados financieros internacionales funcionan con imperfecciones que deben ser abordadas por políticas globales. Se necesita disponer de una gama de instrumentos que ayuden a mitigar los efectos nocivos de la excesiva volatilidad de los flujos de capital internacionales, así como a evitar la prociclicidad de las políticas domésticas.

El Fondo Monetario Internacional debería jugar un papel en el diseño de instrumentos de liquidez que protejan a los países de las consecuencias de la citada excesiva volatilidad de los mercados financieros internacionales.

Las ideas que aquí se recogen han sido el fruto de un amplio y profundo debate que recoge el sentir de los participantes dada la realidad actual de América Latina. Creemos que este conjunto de propuestas aporta nuevos elementos para definir una agenda de desarrollo adaptada a la realidad plural de la región y que promueva la sociedad abierta.

(*) Participantes de la Declaración de Salamanca: Sebastián Edwards (Universidad de California, Los Ángeles), Ricardo Hausmann (Universidad de Harvard), Eduardo Levy (Universidad Torcuato di Tella), José Luis Machinea (CEPAL) y 30 firmas más.

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