Zona neutral con los días contados

"Llevamos tres años trabajando de esta forma y ya no aguantamos más; vamos a cerrar". Jordi Pérez es el coordinador del punto de encuentro que atiende a las familias de la provincia de Valencia, un centro que tiene los días contados por falta de ayudas. Atienden a personas derivadas de las consejerías de Justicia, Bienestar Social, abogados, jueces -el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) envió una circular a los magistrados para que le derivaran los casos que se presentaran- o que acuden por propia iniciativa en busca de un espacio neutral. Sus usuarios son en buena parte familias en proceso de ruptura que necesitan un apoyo de profesionales que facilite las relaciones entre los menores y familiares con los que no conviven habitualmente.

Los casos más corrientes son los de parejas en los que, debido, por ejemplo, a una separación conflictiva, las relaciones entre los padres son tan malas que hacen recomendable un espacio en tierra de nadie que haga más sencillo cumplir con el régimen de visitas. Allí los profesionales supervisan la entrega de los menores a sus familiares que no cuentan con la custodia, quienes les devuelven en el mismo centro. Pero también sirve como lugar de encuentro con la familia biológica, en el caso de menores acogidos.

La intervención está limitada a seis meses, aunque se puede prorrogar. La idea es que mediante técnicas de mediación familiar, los padres vayan normalizando sus relaciones hasta alcanzar la responsabilidad compartida y puedan gestionar autónomamente la situación.

El centro, situado en la zona del parque de Ayora de la ciudad, cuenta con una única subvención de 30.000 euros del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, una cifra muy escasa, según su coordinador, que también es vicepresidente de la Federación Española de Puntos de Encuentro. "Con esta suma tendríamos sólo para tres meses", apunta Pérez. Sin embargo, los últimos años, señala, han suplido con voluntarismo el déficit de fondos. "El otro punto de encuentro, situado en el parque de Viveros de Valencia, que atiende a personas de la ciudad, tiene subvenciones por valor total de 211.000 euros", comenta.

Pérez solicitó en junio una reunión con la directora general de Justicia -"que no me ha respondido"- y hace tres semanas con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -"que me dijo que viaja mucho y no podía recibirme"-. Después de "tres años soportando en precario el servicio" Pérez ha decidido cerrarlo. Ahora, lo que le preocupa es el futuro de la atención de las 100 familias que acuden al centro y que se han organizado en torno a una plataforma.

La Consejería de Justicia junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el TSJCV y los colegios de abogados firmaron un convenio en mayo destinado a crear una red de puntos de encuentro en la provincia de Valencia, que podría cubrir este hueco. Sin embargo, este dispositivo aún no se ha puesto en marcha. "Están muy avanzados los de Torrent y Llíria", apuntaron ayer a este diario fuentes de la Consejería de Justicia, que indicaron que cuentan con el escrito remitido por Pérez y que se han comunicado con él, aunque no hay aún respuesta en firme por escrito: "Los tiempos los marca la consejería". Y añadieron que el apoyo de Justicia a este centro "depende de que cumpla los requisitos del convenio".