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COLUMNA

Vídeovigilados

En el año 2001 las autoridades de Tampa, una localidad americana al sur de Estados Unidos, instalaron en las calles un sistema de cámaras de reconocimiento de rasgos faciales que enviaba continuamente imágenes a la comisaría. El artilugio permitía captar la imagen y procesarla, para después analizar 80 puntos del rostro entre los ojos, la nariz y los pómulos, y posteriormente compararlos con los delincuentes fichados en la base de datos. En cuanto el parecido superaba el 85% saltaba una alarma y los agentes iban corriendo a detener al delincuente. No es ciencia ficción, es la realidad diaria de un pequeño municipio sureño del país de las libertades, una nación que se vanagloriaba -como gran símbolo de privacidad- de que sus ciudadanos no tenían documento nacional de identidad. El trágico 11 de septiembre en Nueva York y los temores a más ataques terroristas aceleraron las medidas que afectan a la privacidad individual, no sólo en EEUU, también en la mayoría de los países europeos, más aún tras los atentados de Madrid y Londres. Ahora no hay discusión posible ante la dicotomía intimidad-seguridad. Se ha asumido sin pestañear que la seguridad de todos está por encima del derecho a la privacidad de cada uno.

Todo es entendible desde la óptica del mal menor. Pero lo extraño es la facilidad con la que aceptamos como normal que uno sea vigilado cuando pasea por una calle, entra en un banco, acude a una zona de ocio o circula en coche por una carretera. Una comisión dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de autorizar, tras dos intentos fallidos, la instalación de cámaras de vídeovigilancia en el centro histórico de Málaga. Será la primera ciudad andaluza en implantar cámaras, aunque no la única de España. Y todo el mundo está de enhorabuena. Aquí no se trata de un inconveniente que estamos dispuestos a asumir. Es, a juicio de todos, una mejora en nuestras vidas que llevamos años aguardando. Nadie quiere ser víctima de un delito y resulta razonable que los responsables políticos se preocupen por la inseguridad ciudadana. Es necesario que se pongan en marcha medidas para reducir la delincuencia. Lo que resulta extraño es que prácticamente nadie discrepe de la fórmula y que se asuma como un signo de progreso vivir en una sociedad cada día más vigilada.

Este pasado verano, un edil de Izquierda Unida de la localidad onubense de Ayamonte denunciaba en una carta al director de este periódico que el alcalde quería poner cámaras de vigilancia en las playas. E ironizaba sobre la presencia de delincuentes escondidos tras horteras bañadores o de los peligros del top-less. En Tampa, los americanos contrarios a la iniciativa celebraron una manifestación y desfilaron delante de las cámaras disfrazados con caretas de Gruocho Marx. Aceptamos en Málaga las cámaras sin rechistar. Pero al menos deberíamos exigir a los que promueven su instalación que se quiten la careta y respondan: ¿Por qué las cámaras se colocan en las calles principales y más transitadas y no en los extrarradios de las ciudades, donde hay muchos más problemas? ¿Por qué no se destinan, en definitiva, más policías para evitar el delito y menos cámaras para televisarlo? Más vale prevenir que grabar. O no.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de octubre de 2005