La Junta impugna en el TSJA las normas de edificación y urbanización de Benalmádena

La Consejería de Obras Públicas ha impugnado ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las ordenanzas municipales de edificación y urbanización aprobadas por el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) en junio de 2005, al entender que exceden del ámbito técnico de este tipo de normas y contienen determinaciones que afectan a los usos del suelo, que sólo pueden regularse mediante un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, achaca a la Junta una actitud "talibana" con su municipio.

Esta impugnación supone un nuevo capítulo en el largo contencioso que a cuenta de la política urbanística municipal mantienen la Junta y el Ayuntamiento de Benalmádena. El pasado junio, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga apercibió al consistorio para que inicie la revisión de su PGOU a la vista del excesivo número de modificaciones puntuales introducidas en los dos años de vigencia del mismo, unas 30, que en su conjunto suponen una "alteración" de la estructura territorial definida en el planeamiento. "La Junta lo impugna todo", se ha quejado el alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín.

Según los informes jurídicos de la Consejería de Obras Públicas, las ordenanzas de edificación y urbanización aprobadas por el equipo de gobierno de Bolín vulneran al menos seis capítulos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y suponen una modificación encubierta del PGOU. Las ordenanzas municipales de edificación y urbanización son instrumentos complementarios a los planes generales en los que se establecen criterios de morfología y de estética que han de aplicarse en las construcciones que se realicen en el municipio. Pero en el caso de las ordenanzas aprobadas en Benalmádena, los técnicos de la Junta entienden que se sobrepasa este ámbito, y establece en realidad normas de planeamiento que en ningún caso pueden ser objeto de este tipo de ordenanzas.

Los propios técnicos municipales de Benalmádena ya advirtieron de la posible ilegalidad de las ordenanzas. El arquitecto municipal, José Luis Cerezo, emitió en marzo pasado un informe en el que advertía de que "las ordenanzas propuestas en primer lugar no son unas ordenanzas de edificación y urbanización, sino que son todas las correspondientes al plan general vigente, excediendo por tanto el ámbito previstos para las mismas por la LOUA". Y alertaba también de que "suponen una modificación en toda regla del citado plan".

Obras Públicas entiende que se trata de un nuevo intento del Ayuntamiento por cambiar sus normas de planeamiento y desarrollar un modelo de ciudad muy diferente al diseñado en el plan. Sólo en 2004, la Junta impugnó ante el TSJA una decena de acuerdos municipales que suponían alteraciones sustanciales en los usos del suelo, algunas de ellas tramitadas "indebidamente". En su mayoría se trataba de cambios en los volúmenes de edificabilidad de algunas parcelas que en algunos casos superaban el 300% sobre lo contemplado en el PGOU.

Junto al apercibimiento para que el consistorio inicie la revisión del PGOU, la Comisión Provincial de Urbanismo le advirtió en junio de que no aprobará más modificaciones de elemento. El alcalde, Enrique Bolín, asegura que no tiene intención de iniciar la revisión del PGOU, que considera innecesaria porque se aprobó hace sólo dos años y medio, apenas dos meses después de aprobada la LOUA a la que dice que ya está adaptada.

Bolín aseguró ayer no saber nada de la impugnación de las ordenanzas de edificación y urbanización. "La Junta no nos comunica nada, y nos enteremos de las impugnaciones al cabo de los meses cuando los juzgados las tramitan y nos piden documentos", dijo. Aseguró que el Ayuntamiento actúa "siempre conforme a la ley" y lamentó que la Junta "está por impugnarlo todo, aunque luego le quiten la razón".