Justicia alerta de que tiene listas de espera para aplicar medidas alternativas a la prisión

El Departamento de Justicia de la Generalitat alertó ayer de que tiene "gravísimas dificultades" para aplicar una medida penal alternativa a la prisión a las personas condenadas a penas menores por la falta de colaboración de instituciones, entidades y organismos privados. Las sentencias que imponían esta medida se han triplicado en un año y han pasado de 589 en junio de 2004 a 1.824 en el mismo mes de 2005, pero como la Generalitat no dispone de lugares para poder cumplir la decisión judicial, algunas personas están en una lista de espera que puede durar meses.

La medida penal alternativa es una decisión que puede imponer el juez cuando sentencia por un delito menor y considera que lo más eficaz no es una pena de unos meses de cárcel que no cumplirá el acusado por no tener antecedentes, sino optar por algo más resocializador, por ejemplo un cursillo educativo en el caso de un maltratador que no ha causado graves heridas a su víctima, o realizar trabajos en beneficio de la comunidad, como limpiar bosques. El juez impone la medida penal alternativa en genérico, pero es la Generalitat la que ha dedecide su aplicación y concreción. El problema se plantea "cuando el catálogo se acaba" y no existen lugares a los que enviar al condenado, explica Albert Batlle, secretario de Servicios Penitenciarios

"Tenemos un grave problema", dijo ayer Batlle, quien apeló a la responsabilidad política y social de asociaciones, entidades e instituciones para que se impliquen en la solución del problema como en su día ocurrió para que los objetores de conciencia pudieran realizar la prestación social sustitutoria.

El origen de la situación, explicó Batlle, es que el Código Penal vigente se ha modificado, para endurecerlo, en 17 ocaciones y ahora se castigan como delitos situaciones que antes no lo eran por la "absoluta irresponsabilidad de los gobiernos del PP". El PSOE votó a favor de prácticamente todas esas reformas estando en la oposición y ahora, en el Gobierno, prepara una ley específica de medidas penales alternativas. Para afrontar el problema, dijo Batlle, harán falta más recursos públicos y profesionales que hagan un seguimiento de esa medida, que se aplica cuando el juez avala la propuesta de la Generalitat.

Más allá de esa cuestión, Albert Batlle compareció ayer en la comisión de Justicia del Parlament para explicar el plan de prisiones de la Generalitat. Las cifras oficiales reflejan que las cárceles de Cataluña siguen a rebosar y tienen más presos que nunca, pero el aumento desmesurado de los últimos tres años se ha moderado. A finales de septiembre había 8.334 internos, una nueva cifra récord, pero que supone un aumento de sólo 240 reclusos en lo que va de año, mientras que durante todo el 2004 el incremento fue de 678 internos con respecto a 2003.

Batlle destacó la trascendencia política y social del plan de prisiones, frente a la política de los gobiernos de CiU, que construyó la última cárcel hace 14 años. La portavoz de la coalición nacionalista calificó la gestión de Batlle de "nefasta", mientras que los diputados de la izquierda la aplaudieron.