Declaran como imputados Yagüe y otros seis ediles por dos delitos urbanísticos

Las numerosas denuncias por irregularidades urbanísticas contra concejales del Ayuntamiento de Marbella provocaron ayer una doble cita judicial. La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y otros seis concejales comparecieron como imputados por dos delitos urbanísticos en los Juzgados de Instrucción 1 y 3 del municipio. No obstante, Yagüe deberá declarar también hoy acusada de un delito de prevaricación en el caso de la discoteca Bohemian, y en el que figura como testigo el concejal del Partido Andalucista, Carlos Fernández, expulsado por la regidora marbellí del equipo de gobierno.

La presencia de Yagüe y Fernández en los Juzgados levantó ayer una enorme expectación, amén de un gran despliegue de la prensa rosa, que ha hecho suyas las diferencias entre ambos políticos. La alcaldesa compareció en primer lugar en el Juzgado de Instrucción número 1, por una denuncia de la asociación Ecologistas en Acción. Yagüe está acusada, junto a otros 16 concejales de la actual y anteriores corporaciones de Marbella, de autorizar a la promotora Promopinar 99 la construcción de 221 viviendas en una parcela, situada junto al hotel Don Miguel, en la que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente sólo contempla 15 chalés unifamiliares.

Poco después Yagüe declaraba ante el titular del Juzgado número 3, en un caso similar denunciado en esta ocasión por el PSOE. Yagüe y el resto de los concejales de la Junta de Gobierno están acusados por aprobar un proyecto de ejecución a la promotora TAU 3 para la construcción de 42 viviendas unifamiliares. La regidora explicó a su salida de los juzgados que su equipo de gobierno se limitó a aprobar un proyecto de ejecución de la anterior corporación, presidida por el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz.

"Hemos dado la licencia porque se ajustaba perfectamente al proyecto básico. No hemos tenido más remedio que aprobarlo", dijo Yagüe, que aseguró que en caso contrario habrían incurrido en un delito de prevaricación por causar un daño al promotor. Una postura que defendió también su socia de gobierno y ex concejal del PSOE, Isabel García Marcos: "Nosotros no damos nunca licencias que no se ajustan estrictamente a la legalidad", dijo.

Junto a Yagüe también declararon ayer en calidad de imputados la tránsfuga Isabel García Marcos, los concejales del equipo de gobierno Carmen Revilla y Rafael Calleja, los ediles andalucistas Carlos Fernández y Pedro Pérez y el ex edil del GIL, Juan Guzmán.

Pero Yagüe tendrá que comparecer también hoy en los Juzgados por un delito de prevaricación por la concesión de una licencia a la discoteca Bohemian, propiedad de familiares del ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Lo llamativo de este caso es que uno de los testigos de la acusación es el edil andalucista, Carlos Fernández, cesado por Yagüe junto a su compañero Pedro Pérez por "extorsionar" a trabajadores municipales.

La Fiscalía de Málaga apreció el pasado lunes indicios de delito en la gestión de los dos ediles del Partido Andalucista, que insisten en su inocencia y achacan todo a una "trama" de la que responsabilizan a Marisol Yagüe e Isabel García Marcos.

Trama

La alcaldesa señaló ayer sin embargo que el hecho de que la Fiscalía estime que existen indicios de delito "evidencia que no existe ninguna trama contra el PA" y explicó que el Ayuntamiento no hizo más que denunciar los hechos. "Si tuviera que hacerlo de nuevo lo volvería a hacer, pese a las represalias que estoy aguantando", subrayó Yagüe.

Por su parte, la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, consideró que sería necesario retirar la afiliación a los ediles andalucistas acusados de irregularidades. "Habría que pedir al PA que les retire cautelarmente su afiliación y pedirles después que dejen su acta de concejal", apuntó.