La Fiscalía aprecia indicios de delitos en la gestión del PA marbellí

La Fiscalía de Málaga apreció ayer indicios de presuntos delitos de coacciones, malversación de caudales y falsedad de documento en la denuncia sobre la gestión de los concejales del Partido Andalucista en Marbella Carlos Fernández y Pedro Pérez, por lo que enviará el caso al juzgado de instrucción para la apertura de diligencias. Trabajadores municipales habían acusado a los dos ediles del PA de coacciones para que se afiliasen y diesen parte de sus sueldos al partido.

La Fiscalía tomó ayer la decisión tras la declaración del policía local Cristóbal Toro, primer denunciante del escándalo que hizo saltar por los aires el gobierno tripartito marbellí hace dos semanas. Toro dijo comparecer como representante en Málaga del "Colectivo de Funcionarios Manos Limpias", y aseguró que entre 30 y 40 treabajadores municipales fueron supuestamente coaccionados para afiliarse al PA. Durante su comparecencia facilitó a la Fiscalía documentación escrita y audiovisual sobre sus acusaciones contra la gestión de los ediles andalucistas, expulsados del equipo de gobierno por la alcaldesa, Marisol Yagüe.

"Hemos aportado toda la documentación que podíamos sobre anomalías y favoritismo en la gestión de los concejales andalucistas", declaró Toro. El denunciante aportó un DVD con imágenes que supuestamente "corroboran" las denuncias de los trabajadores por coacciones, y dijo que los testimonios le llegaron a través del programa que dirige en una televisión local. Toro aclaró al fiscal que entrevistó en su programa a trabajadores municipales que le confesaron haber recibido supuestas coacciones.

La presunta malversación estaría relacionada con el "engorde" de facturas y el cobro de sueldos municipales sin que las personas fueran a trabajar. Toro explicó que entre cinco y diez familiares y allegados de los dos ediles andalucistas no acudían a trabajar al Ayuntamiento pese a estar contratados. Las supuestas falsedades se referirían a facturas que, según Toro, "engordaba" un proveedor intermediario de dos empresas de limpieza que recibía más dinero del que reclamaban las sociedades municipales. Toro declaró que conoce a los trabajadores presuntamente coaccionados y que podría aportar sus nombres, e incluso facilitó la identidad de dos contratados que no acudían a trabajar pero que cobraban el sueldo. El agente de la Policía Local sostuvo que algunos sindicatos tenían conocimiento de estos hechos, aportó facturas de las empresas suministradoras, del proveedor intermediario, y dio más detalles de los que contiene el expediente de información reservada remitido por el Ayuntamiento tras una investigación municipal. "Tengo interés personal, pero sólo contra los que gobiernan mi ciudad, que cada día va peor", afirmó.

Por su parte, el edil Carlos Fernández restó credibilidad a las acusaciones de Cristóbal Toro: "Es bochornoso que este señor hable en nombre de una asociación de manos limpias cuando tiene dos procesos judiciales en los juzgados de Marbella y un expediente disciplinario en el Ayuntamiento que le puede costar la expulsión de la Policía Local", censuró. Fernández añadió que su partido "no tiene ningún tipo de temor a que se inicie cualquier investigación para depurar responsabilidades sobre las personas que han creado el entramado contra los andalucistas", dijo. El edil cree que la única manera de pedir responsabilidades contra los que crearon "pruebas falsas" será a través de la Justicia, "donde el PA se defenderá", avanzó.

La Fiscalía enviará el caso la próxima semana al decanato de los juzgados, al estimar que dispone de elementos suficientes y tras haber concretado el denunciante los delitos referidos. De este modo, el ministerio público solicitará la práctica de declaraciones tras enviar al juez la investigación municipal y la declaración de Toro.