Las vueltas de la deuda histórica

El Gobierno andaluz y el PSOE tienen un "problema político" con la llamada deuda histórica y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, "también". Así lo reconoce el secretario socialista de Organización, Luis Pizarro, quien admite las dificultades de convencer a la Administración del Estado de que la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía alude a una vía de financiación excepcional de la comunidad "y no a ningún otro concepto, aunque se le denomine deuda histórica".

El PSOE, efectivamente, tiene un problema por los vaivenes que ha dado en este asunto, en el que no han sido menores los tumbos del Partido Popular. Los socialistas sólo reclamaron el "hecho diferencial andaluz", como así lo calificó el presidente de la Junta, Manuel Chaves, cuando la presión de la pinza PP-IU de la cuarta legislatura (1994-1996) a punto estuvo de ahogarlos y, con mayor énfasis aún, cuando desde 1996 hasta 2004, el inquilino de la Moncloa se llamaba José María Aznar (PP).

Las hemerotecas están llenas de contradicciones de dirigentes de una y otra sigla. "La deuda histórica no está en ninguna ley, no es un concepto jurídico" (Mariano Rajoy, 31-8-1997); "Buena parte de esa deuda histórica se resolvió con las inversiones que hizo el Gobierno de Felipe González" (Pizarro, en agosto de 2004).

Por incluir el AVE Sevilla-Madrid como pago del precepto estatutario, al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, le cayó días atrás duras críticas. "Son servicios, no inversiones", le recordaron sus propios compañeros de partido, que creen que este debate se reproducirá cada vez que los Presupuestos Generales del Estado de turno no consignen una partida específica, como ha ocurrido de nuevo en los previstos para 2006. Al margen de las labores de pedagogía política, los socialistas van a esgrimir en la negociación con Madrid el acta de la comisión mixta Junta-Estado celebrada el 22 de febrero de 1996, en la que se acordó dar un "anticipo a cuenta" de 20.000 millones de pesetas (120 millones de euros) por la disposición adicional segunda. El dinero lo acordó el último Gobierno de González y lo pagó el primero de Aznar.

El acta recoge que un grupo de trabajo llegó "a la conclusión de que existen servicios en los cuales no se ha alcanzado el nivel mínimo exigido por la mencionada disposición adicional", aunque no aporta más detalles ni especifica cuál fue la metodología empleada para concluir algo. En otra reunión de comisión mixta, en la que el PP está ya en el Gobierno, celebrada nueve meses más tarde, el acta recoge que los servicios analizados fueron sanidad y vivienda.

Estos documentos, sostiene el PSOE, tienen "valor jurídico y político" y es a los que se van agarrar. A la pregunta de si, al final, la metodología empleada va a ser la de acordar una cifra política y luego explicarla, un cualificado técnico de la Junta apostilla: "Eso no va así. Hay que sacar la raíz cuadrada de hasta el último céntimo de euro".