El modelo energético español

Es una realidad que nadie discute que el modelo energético global es insostenible. Es el principal responsable de las emisiones que causan el cambio climático que ya está en marcha, ha provocado graves accidentes nucleares, generado inmensas cantidades de residuos nucleares, compromete la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades y jamás cubrirá la demanda de energía legítima de los países en desarrollo para su crecimiento económico. Desde diferentes sectores e intereses se reclama un cambio, y parece evidente que el nuevo modelo debe hacerse viable y perdurable en el tiempo y que su sostenibilidad debe tener en cuenta tres principios: económico, social y ambiental.

La principal invitada al debate sobre el modelo energético tiene que ser la sociedad al completo

También es incuestionable la dependencia energética externa de nuestro país: España importa gas, petróleo, carbón y uranio para sus centrales térmicas y nucleares. Estos combustibles acarrean graves impactos ambientales y no aseguran el suministro en el medio y largo plazo. Ahora bien, según todos los análisis, lo que sí nos aseguran es un alza en los precios de la energía. Tampoco está en discusión que el aumento desbocado de la demanda no conlleva en nuestro país un aumento de bienestar en términos de crecimiento económico; sin embargo, agudiza la insostenibilidad de este sistema energético que disfrutamos al mismo tiempo que padecemos.

La solución ante esta realidad se basa en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables; esto es algo que todo el mundo proclama pero que no se pone en práctica. Ningún tipo de tecnología se ha abierto camino sin apoyo político y económico, y las energías limpias difícilmente podrán avanzar si este apoyo continúa estando del lado de las energías convencionales. Mantener los ojos cerrados ante el potencial actual de estas tecnologías, que en España podrían cubrir toda la demanda prevista para el año 2050 y unas 55 veces la demanda de electricidad según el estudio más detallado realizado hasta ahora en España, es un error de cuyas consecuencias nos trascienden como generación.

Greenpeace también es partidario de que aprovechando la, al parecer, imparable tendencia al aumento de los precios del petróleo, se debata sosegadamente, con argumentos veraces y con amplia participación de la sociedad, cómo encaminar nuestro sistema energético hacia esa sostenibilidad de la que ahora carece.

Si queremos que el modelo energético de nuestro país sea sostenible, se deben hacer, al menos, dos cosas: abandonar la energía nuclear y cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto. Ello es posible simultáneamente -y ahí están los ejemplos de Alemania y Suecia para quien quiera comprobarlo- si hay voluntad política para basar nuestra política energética en la eficiencia energética y en las energías renovables. Conviene recordar que éste es el compromiso del Gobierno socialista al que pertenece el ministro Montilla. Eficiencia y renovables, aplicadas en todos los ámbitos -generación de electricidad, transporte...-, pueden lograr reducir de forma efectiva, incluso en términos económicos, las emisiones de CO2. Está demostrado que las inversiones dirigidas a promover la eficiencia energética son en promedio siete veces más efectivas que las dirigidas a la energía nuclear a la hora de evitar emisiones de CO2. Precisamente en un contexto como el actual de aumento de los precios de los combustibles, el margen para aplicar de forma económicamente eficaz programas de ahorro y eficiencia energética y generar con energías renovables es aún mayor que antes. ¿Por qué entonces el Gobierno mira para otro lado y se hace eco de las presiones del lobby nuclear?

Para hacer frente al cambio climático no podemos contar con la energía nuclear. De hecho, en julio de 2001, en la Cumbre de Bonn del Convenio Marco de Protección del Clima, la energía nuclear quedó excluida de los mecanismos del Protocolo de Kioto, que regula las políticas y medidas para combatir el cambio climático. Es más, la energía nuclear es el principal obstáculo para lograr avanzar en ese propósito, ya que apostar por ella conlleva automáticamente hacerlo por un modelo ineficiente y con una aportación marginal de las renovables, que es su antítesis energética.

La energía nuclear no cumple ninguna de las premisas de la sostenibilidad: ni es económicamente eficaz, ni es medioambientalmente aceptable, ni es socialmente equitativa. No incidiremos en su innegable peligrosidad, la tragedia de Chernóbil ya puso punto final al debate sobre la seguridad de las centrales nucleares. Ni en su rotundo fracaso económico: a pesar de la enorme cantidad de subsidios que ha recibido y recibe, la energía nuclear ha perdido la batalla de la competitividad económica en unos mercados energéticos cada vez más liberalizados. El mero hecho de la generación de residuos radiactivos por parte de las centrales nucleares (para los que la industria atómica, en sus más de 50 años de vida, no ha logrado encontrar una solución satisfactoria) es el paradigma de su insostenibilidad. Las centrales nucleares, cuya vida útil productiva ronda los 30 años, genera inexorablemente unos residuos cuya peligrosidad se prolongará durante muchas decenas de miles de años y con los que no se sabe qué hacer. La gestión de estos residuos, sólo en España, costará a los ciudadanos más de 12.000 millones de euros, según los datos de la propia Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Sólo con estos datos en la mano, ¿cómo se atreve la industria nuclear a afirmar que ésta es una energía limpia y barata?

El debate sobre el modelo energético es necesario y demuestra que es un modelo caduco por motivos de equidad, por problemas medioambientales, económicos y geopolíticos, y que tiene consecuencias en la actualidad e implicaciones en el futuro a muy largo plazo. Por ello, la principal invitada a este debate tiene que ser la sociedad al completo, y los intereses a los que debe servir el Gobierno que la representa son los de esta ciudadanía. No existe ninguna razón económica que pueda justificar el incumplimiento de las obligaciones legales de este país, como es el Protocolo de Kioto, los compromisos políticos de sus representantes y la responsabilidad de la sociedad en su conjunto con las generaciones futuras.

El debate debe velar por que en el futuro se disponga de recursos energéticos como los que ahora disfrutamos, evitar los múltiples impactos negativos sobre el medio ambiente que causa la producción y consumo de la energía, y mantener la solidaridad con una parte muy importante de la humanidad, que no disfruta de ellos. Por ello, no se puede permitir que los intereses de las dos grandes compañías de eléctricas españolas nos hurten el verdadero debate para conseguir un modelo sostenible, que no es otro que un sistema eficiente y cien por cien renovable.

Juan López de Uralde es director ejecutivo de Greenpeace España.