Empresas a prueba de OPA

La OPA de Gas Natural sobre Endesa no sólo tendrá que resultar atractiva a los accionistas, tendrá también que superar los blindajes que tiene la eléctrica para frenar compras hostiles. Más del 75% de las compañías del Ibex que carecen de accionista de control mantiene alguna medida de este tipo, a pesar de que en los últimos tres años la moda del buen gobierno ha llevado a una decena de grandes grupos a renunciar a ellas.

La mitad de las 18 empresas analizadas tienen limitado el derecho de voto de sus accionistas, según sus informes de buen gobierno

Endesa es un ejemplo perfecto del temor que muchas grandes compañías cotizadas españolas tienen a la entrada en su capital de inversores indeseados. Ninguno de los accionistas de la eléctrica puede ejercitar sus derechos de voto más allá del 10%, incluso aunque su capital supere ese porcentaje.

Éste es uno de los blindajes favoritos de las empresas españolas. Ideada para proteger a los pequeños accionistas y recogida en la Ley de Sociedades Anónimas como una medida para evitar abusos de los accionistas de referencia, la limitación del derecho de voto se ha convertido de hecho en un disuasor para posibles compradores, coinciden distintos juristas consultados.

La mitad de las 18 compañías del Ibex que tienen más del 50% de su capital en Bolsa tiene recogido en sus estatutos este tipo de blindaje, según se desprende de los Informes de buen gobierno enviados a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) este mismo año y correspondientes al ejercicio 2004. El límite más habitual es el 10% mencionado, si bien Enagas ha rebajado ese porcentaje hasta el 5%.

Mucho más extendido está otro blindaje que, además, resulta opaco para los potenciales inversores. Se trata de los llamados paracaídas dorados, las indemnizaciones millonarias previstas en caso de despido para determinados directivos. 11 de las 18 empresas analizadas, el 77,7% tiene blindado a algún directivo. Endesa es precisamente la que ha protegido a un mayor número de directivos (29 en total). Algunas fuentes calculan que el coste de esos despidos puede llegar a los 60 millones de euros.

El problema de este tipo de blindaje es que no hay forma de saber el coste de este blindaje, que sólo se hace público cuando los directivos abandonan la compañía. Los informes de buen gobierno sí obligan a recoger el número de beneficiarios -193 entre las 18 compañías investigadas-, quién autoriza las indemnizaciones -normalmente el consejo de administración- y si éstas se comunican a la junta. Lo más habitual es que no lo comuniquen, aunque hay excepciones, como las de Altadis, Red Eléctrica, Telefónica o la misma Endesa.

Un tercer grupo de medidas anti-OPA la constituye la exigencia de mayorías reforzadas para tomar determinados acuerdos fundamentales para la compañía, como podría ser la venta de un paquete significativo de acciones de la misma o la fusión con otra empresa. Del grupo de empresas del Ibex con más de la mitad de su capital en Bolsa, mantienen blindajes de este tipo Acerinox, Altadis, BBVA, Iberdrola, Iberia y Red Eléctrica.

Requisitos presidenciales

Por último hay otra medida que dificulta la toma de control de una compañía, que está en retroceso entre las grandes cotizadas españolas. Se trata de exigir requisitos especiales para ser presidente de la compañía. Sólo el Banco Popular, el Banco Sabadell y Telefónica de las 18 empresas analizadas mantiene alguna medida de este tipo.

A estos grupos fundamentales habría que añadir las restricciones legales que pesan sobre las antiguas compañías públicas, como la acción de oro que reserva al Gobierno la última palabra ante una compra, o algunas disposiciones de la ley eléctrica y de la ley de hidrocarburos.

Aunque los blindajes son más lógicos en compañías que carecen de accionista de control, también se extienden a compañías controladas, incluso a algunas de tipo familiar.

Tras estudiar los blindajes en las cotizadas españolas entre 1996 y 2002 para la CNMV, Domingo Javier Santana, profesor de la Universidad de Las Palmas, concluye que "tienden a desaparecer los blindajes del consejo de administración y a reforzarse los de la junta de accionistas".

La marea del buen gobierno que se desató tras la sucesión de escándalos empresariales que empezaron con la quiebra de Enron a principios de la década ha provocado además un movimiento de eliminación de blindajes que eempezó a materializarse en España en la temporada de juntas de 2003.

La Ley de Transparencia, que entró en vigor ese año, pasó de puntillas por este tema, reconocen fuentes del comité de sabios responsable del informe que inspiró la norma. Aunque el informe recomendaba eliminar todos los blindajes de las cotizadas, la ley sólo obligó a informar acerca de ellos.

El efecto fue casi inmediato. "Cuando entró en vigor la ley, que obligó a comunicar los blindajes, algunas compañías decidieron levantarlos", explica Silvia Gómez, profesora de la Universidad de Oviedo especializada en estos temas. Ese mismo año, además, se reformó la ley de OPA, que hizo posible las ofertas públicas de adquisición condicionadas a la eliminación de los blindajes de la compañía pretendida.

Eliminación total o parcial

Así, decidieron eliminar total o parcialmente sus blindajes estatutarios, Bankinter, Santander, BBVA, Metrovacesa o Unión Fenosa, entre otras compañías, en 2003; Sacyr Vallehermoso y otra vez BBVA, en 2004 y lo acaba de hacer Cortefiel. El caso del grupo de la familia Hinojosa es significativo, pues ha decidido eliminar los blindajes después de que lo exigieran los fondos que han lanzado una OPA para proseguir con la operación.

Bankinter es una de las empresas que ha ido más lejos en este terreno, pues eliminó la limitación del derecho de voto al 10%; los quórum exigidos en la junta para adoptar determinados acuerdos; la obligación de tener un número determinado de acciones para ser consejero de la sociedad y la antigüedad mínima de cinco años en el consejo para poder ser elegido presidente. Además la entidad que preside Juan Arena no tiene blindado a ningún directivo.

La tendencia puede acelerarse en los próximos años. El grupo de 13 expertos que tiene el encargo de la CNMV de refundir los códigos de buen gobierno y proponer nuevas reformas legales en este terreno tiene entre sus tareas estudiar los blindajes estatutarios dirigidos a dificultar la entrada de accionistas no deseados en las compañías cotizadas.