Grietas de dinero negro

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS admitió el pasado martes a trámite por unanimidad una propuesta del grupo parlamentario de ERC para reformar la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, promulgada en 1987. La iniciativa prohíbe las donaciones empresariales -antes permitidas- y endurece los requisitos exigidos a las contribuciones de los ciudadanos. En cualquier caso, el peso de la carga financiera seguirá descansando -como hasta ahora- sobre los recursos públicos presupuestarios: partidas anuales para los gastos generales de funcionamiento de las organizaciones, subvenciones para las campañas electorales, ayudas a las fundaciones de los partidos y asignaciones para sus grupos parlamentarios y municipales. Además de excluir a las sociedades mercantiles y restantes personas jurídicas del ámbito de la financiación privada, la reforma prohíbe que las donaciones de los particulares sean anónimas, redefine su cuantía (30.000 euros anuales por persona y un máximo del 5% sobre el presupuesto total) y permite desgravarlas del impuesto sobre la renta.

La proposición de ley de ERC, admitida a trámite por el Congreso, prohíbe las subvenciones de las empresas a los partidos y el anonimato de los donativos de los particulares

El objetivo último de esta vuelta de tuerca a la financiación privada de los partidos es cerrar las filtraciones invisibles que todavía les permiten ingresar dinero negro sin temor a incurrir en comportamientos delictivos claramente tipificados. Las causas penales abiertas durante los últimos años en España, Italia, Francia y otros países europeos contra las prácticas de corrupción política han aflorado la existencia de redes de soborno y extorsión creadas para facilitar la colusión entre el mundo empresarial y los partidos que controlan ámbitos de la Administración central, autonómica y municipal a través de la ocupación de cargos públicos. El lucrativo mercado negro de las recalificaciones urbanísticas, las concesiones de obras y servicios, las licencias municipales, las subvenciones estatales y las contratas públicas alimentan bajo el envoltorio de comisiones ilegales, facturas falsas y trabajos simulados el insaciable apetito de las tesorerías de unos partidos siempre necesitados de fondos para pagar sus campañas electorales y sus gastos generales.

En el debate del Congreso, algunos diputados hicieron el pasado martes una insólita colada (según el portavoz de ERC, Joan Puigcercós, la responsabilidad social de los partidos sería hoy simplemente "no robar y no mentir") con la ropa sucia dejada por adversarios en el banquillo de la justicia penal: desde el caso Filesa, del PSOE, hasta el caso Naseiro y el caso Sóller, del PP, pasando por el caso Casinos y el caso Pallerols, de CiU. Durante estos años, también el Tribunal de Cuentas -supremo órgano administrativo fiscalizador de las cuentas y de la gestión del Estado, así como del sector público- ha venido denunciando otra sospechosa grieta de vertido de dinero negro que la ley de financiación de 1987 había dejado abierta: esto es, el truco ventajista-taponado ahora por la reforma en tramitación parlamentaria- de aceptar donaciones anónimas procedentes supuestamente de ciudadanos movidos exclusivamente por meras simpatías políticas, pero encubridoras en realidad de sobornos pagados debajo de la mesa a los partidos por sociedades y empresas a cambio de favores ilegales dispensados desde diferentes administraciones gracias a sus gestiones.

Las extravagancias estadísticas no sirven como prueba en un proceso, pero los datos facilitados por el Tribunal de Cuentas sobre la sorprendente distribución en el espectro político de las donaciones anónimas de particulares ingresadas por los partidos y federaciones entre 1992 y 2003 desafía la capacidad de inocencia de los mismísimos ángeles custodios. Aunque el PP sea la organización más beneficiada por ese maná en términos absolutos (32 millones de euros) a lo largo del periodo, el 70% de los óbolos opacos ha ido a parar a CiU y al PNV, que han ocupado, respectivamente, el Gobierno de Cataluña y del País Vasco durante más de dos décadas. Si es cierto que Dios no juega a los dados, tampoco parece probable que el Diablo se divierta maquinando inverosímiles casualidades.