Ayuntamientos en ebullición
Frente a la férrea disciplina tanto del Parlamento central como de los autonómicos, donde los diputados votan a golpe de cornetín de su partido respectivo, la política municipal suele ser inestable y hasta imprevisible. En ella la disciplina no sólo se relaja, sino que la existencia de partidos de ámbito local propicia extraños pactos políticos, disidencias y cambios de chaqueta. La Comunidad Valenciana rebosa de casos de rabiosa actualidad, como diría un cronista clásico. En Elda, el Partido Popular se cuartea, al haber votado cuatro de sus concejales un proyecto urbanístico del PSPV para construir 7.500 viviendas y un campo de golf. En ese Ayuntamiento, en Cabanes y en Oropesa, los socialistas se apuntan a las macrourbanizaciones, tan en boga. Claro que, a veces, como sucede en este último municipio, el portavoz del PSPV contradice las directivas de su ejecutiva y acaba recibiendo un certificado de expulsión del partido. En todas partes cuecen habas. Y en todas las formaciones. El alcalde Orihuela, José Manuel Medina, ha quebrado de hecho el PP, al votar con tres de sus concejales los planes para hacer 6.800 casas en suelo no urbanizable. A pesar de apoyarse en los independientes del Centro Liberal, ha quedado en minoría respecto a su propio partido. En Castellón, cuatro ediles socialistas han roto la disciplina partidista votando el PAI de Mundo Ilusión que urbanizará 20 millones de metros cuadrados. En Benicàssim, el propio PP no se aclara con el proyecto de Benicasim Golf y el desarrollo del futuro bulevar.
Todo este guirigay no tiene por qué suponer un trasfondo de turbios intereses o corruptelas varias. Las necesidades económicas municipales, aquí y en todas partes, crecen en proporción geométrica: mayores servicios asistenciales, mejores infraestructuras urbanas, más policía local, nuevos accesos viarios,... y los distintos munícipes tratan de muñir la teta urbanística, para allegar unos fondos de los que carecen, mediante las licencias de obra y los preceptivos incrementos anuales del IBI.
En su día, José María Aznar reconoció las deficiencias de la financiación municipal y aludió a la necesidad de una "segunda transición", es decir, que tras la cesión de recursos del Estado a las comunidades autónomas, el siguiente paso sería traspasarlos de éstas a los Ayuntamientos. Aquel propósito quedó en agua de borrajas, entre otras razones, por la creciente voracidad de nuestras autonomías, pendientes tan sólo de obtener más competencias, mayor financiación y nuevos estatutos que les garanticen todo ello.
Esta penuria municipal la acaba de reconocer el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de La Coruña, el socialista Francisco Vázquez, exigiendo al Gobierno central más medios para los ayuntamientos. Mientras este asunto de fondo no se solucione, todos los demás papeles, incluyendo la actual normativa urbanística, el nuevo proyecto del consejero Rafael Blasco y la moratoria constructora adoptada por el partido de Joan Ignasi Pla, serán papel mojado. Sobran los ejemplos.
En Rabassa, pese a las denuncias del Colegio de Arquitectos de Alicante, sigue adelante el plan parcial que la llevará a tener 45.000 habitantes y ser la octava ciudad de la provincia. Riba-roja, por su parte, si prosperan los 12 proyectos urbanísticos presentados por las promotoras durante este año, triplicará el número de residentes. Cullera simplemente doblará su censo de cuajar el Manhattan de la Bega, como se denomina al macroproyecto en la desembocadura del Júcar. El problema no radica tanto en la aglomeración de personas como en la inexistencia de accesos suficientes, lo cual garantiza unos mayúsculos atascos de tráfico, amén de otras deficiencias.
Todo eso, digo, sin presuponer corruptela alguna, sino pura especulación económica, tanto privada como pública. Hay casos más discutibles, como los de Alcalá de Xivert, donde el Ayuntamiento preveía urbanizar 1,3 millones de metros cuadrados junto a la sierra de Irta, y Tales, que pretendía reclasificar casi un millón de metros en el parque natural de Espadán. Y no digamos nada de Sueca, donde el secretario del PSPV, Salvador Marín, ha sido condenado a seis meses de prisión e inhabilitación por construcción ilegal en L'Albufera.
No habrá, pues, normativa que pare este fenómeno como no sea una nueva ley de financiación municipal. Pero, tal como van las cosas, el asunto va para largo. Mientras tanto, el día en que se produzca un parón del sector de la construcción se producirá también la quiebra en cascada de nuestros Ayuntamientos. Al tiempo.
