El Gobierno deberá ampliar la paralización de parte del trasvase si no decide hoy el trazado definitivo

El Gobierno deberá tomar hoy una decisión sobre el trazado definitivo del trasvase Júcar-Vinalopó o aprobar, en caso contrario, una prórroga de la paralización de parte de la obra. La suspensión de los trabajos en los tramos superiores del trasvase, desde la toma de agua en Cortes de Pallás, se decretó a finales de julio para estudiar un proyecto alternativo y el plazo expira hoy, por lo que la sociedad estatal Aguas del Júcar, SA (Ajusa) ampliará la paralización dos meses si el Gobierno no se pronuncia sobre el trazado a ejecutar.

Las obras han continuado en los tramos finales, los que coinciden con la alternativa de la toma en el Azud de la Marquesa, en la desembocadura del Júcar en Cullera, una opción por la que se ha inclinado claramente el Ministerio de Medio Ambiente al considerar que aportaría más agua y de manera estable al Vinalopó. Los regantes y poblaciones de la Ribera, el PSPV, Xúquer Viu, la Fundación Nueva Cultura del Agua y parte de las organizaciones agrarias defienden esta alternativa como única salida al proyecto, frente al rechazo de la Generalitat, los usuarios del Vinalopó y empresarios y otras entidades de Alicante.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, así como otros altos cargos de su departamento han reiterado en las últimas semanas que la decisión se conocería en un plazo breve, aunque han insistido en no precipitar la resolución para estudiar los informes sobre ambos trazados. El sobrecoste de la alternativa y el destino de los fondos europeos, 80 millones de euros asignados a la obra que sólo podrán invertirse en otro trazado con el visto bueno de Bruselas, son aspectos claves en las consideraciones del ministerio. Tanto Xúquer Viu, como los partidos de izquierda del Compromís pel Xúquer han pedido al ministerio que acabe con la incertidumbre, y la ejecutiva comarcal de los socialistas de la Ribera Baixa aprobó hace dos días "hacer patente su malestar" por la "dilación en la toma de decisión" por parte del Gobierno y exigir el cambio de la toma.

Ajusa debatirá hoy en su consejo de administración otra importante resolución, ya que la sociedad propondrá liquidar el convenio firmado con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó en 2001 por el incumplimiento de los pagos por parte de los beneficiarios del trasvase. Según las cuentas de Ajusa, los usuarios presididos por Andrés Martínez deben 41,29 millones de euros por la obra ejecutada. De la aportación de 75 millones a la que se comprometió en el convenio, la Junta Central sólo había desembolsado hasta ayer 18.782,51 euros, según confirman fuentes gubernamentales. Si la deuda no se liquida esta mañana, el consejo prevé aprobar la resolución del convenio, lo que permite a la sociedad reclamar daños y perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones de pago, que han repercutido en Ajusa en costes financieros. La posible rescisión del convenio ya se debatió en julio después de varios requerimientos de pago, pero la Junta Central pidió un aplazamiento de dos meses y la negociación de un nuevo convenio antes de liquidar el actual. Los usuarios alegan que el proyecto ha cambiado y no tienen garantizado el trazado y caudal original. Piden, además, que se repercuta su participación en la tarifa del agua cuando acaben las obras, lo que no está previsto en el convenio. La Junta Central afirma que puede disponer de inmediato del crédito sindicado que concertó con ocho bancos, pero en febrero decidió no hacer uso del mismo hasta que se clarifique la situación.

Ajusa ha comprometido ya en el trasvase 121,3 millones de euros, según la empresa. En la obra se han gastado 106 millones sin contar el acopio de material.