La Junta renuncia a la ley de Acompañamiento

La Junta andaluza ha decidido seguir este año la estela del Gobierno de la nación y ha renunciado a aprobar la llamada ley de Acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2006, una norma adjunta en la que se solía incluir modificaciones de otras leyes que nada tienen que ver con los presupuestos.

Lo anunció ayer en el Parlamento el consejero de Economía, José Antonio Griñán, en respuesta a una pregunta del PP sobre el céntimo sanitario. "Usted sabe ya que el presupuesto de la Junta para 2006 no incluirá el céntimo sanitario", dijo el consejero al popular Enrique Fernández de Moya, "y le diré más: tampoco llegará a esta Cámara el instrumento jurídico que podría ponerlo en vigor, ya que no habrá ley de Acompañamiento de los presupuestos".

Ya el año pasado el recién estrenado Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cumplió con su compromiso electoral y decidió no usar esta arma legislativa para "colar de rondón y por la puerta de atrás" proyectos pendientes, argumentó entonces la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. En Andalucía no se eliminó. Desde San Telmo se explicó, fuera de micrófono, que les había cogido muy desprevenidos, y que eran muchos los asuntos urgentes que habían quedado colgando de la anterior legislatura.

A través de la ley de Acompañamiento y las enmiendas que el grupo socialista, con mayoría absoluta, presentó a esta norma el año pasado se creó la Agencia Andaluza del Agua, se reformó la Ley de Ordenación del Territorio para ampliar la potestad que tiene la Junta en las declaraciones de interés autonómico o se dictaron beneficios fiscales para minusválidos y pymes. También se modificó la ley de Cajas de Ahorro para propiciar el regreso a las competencias andaluzas de Cajasur que, a su vez, había sido puesta bajo lo tutela del Ministerio de Economía durante el mandato de José María Aznar por el mismo procedimiento.

La ley de Acompañamiento a los Presupuestos fue creada en 1992 a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo habitual hasta entonces era utilizar para las modificaciones la misma ley de presupuestos, pero el alto tribunal consideró que "para regular cuestiones relativas a los Presupuestos, pero apartadas de su núcleo, era necesaria una ley adjunta".

Tanto en ámbito nacional como en el de las comunidades autónomas, con el paso del tiempo esta ley se convirtió en un cajón de sastre que cada gobierno aprovechaba para meter de todo. La oposición en general siempre ha criticado los abusos de esta vía, ya que se eliminaba de un plumazo la tramitación parlamentaria y el análisis riguroso de las normas en las correspondientes comisiones parlamentarias. Fuentes del Gobierno señalaron ayer que la medida no ha gustado en algunas consejerías, que contaban con la ley de Acompañamiento para sacar proyectos atrasados.