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Columna
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Las otras decisiones

Con tanto discurso ficción como florece en la política vasca, rebosante de las vaguedades del proceso y de la capacidad de decidir, se agradecen reflexiones como las expresadas la semana pasada por el diputado general de Vizcaya, el peneuvista José Luis Bilbao. Unas reflexiones referidas a cosas próximas, que se pueden ver y tocar. Como la conveniencia de redefinir entre las instituciones de aquí una asistencia social que va a ser cada vez más demandada debido al envejecimiento de la población y, en función de éstas y otras realidades, repensar la política fiscal y el reparto vigente de los recursos tributarios entre el Gobierno vasco (70%) y las diputaciones (30%). Resulta refrescante, por raro, escuchar de un responsable político planteamientos que se salen del monorrail y de la tendencia autóctona a superar el autocomplaciente eslogan aznariano del "España va bien" con el hiperbólico de que "Euskadi (o Vizcaya) todavía va mejor".

Además de afirmar eso, el pasado miércoles, en Gernika, José Luis Bilbao dijo otras cosas que son igualmente propias de su responsabilidad institucional; desde luego, más propias que aquel compromiso suyo inicial de hacer del impulso del plan Ibarretxe el santo y seña de su gestión. (Si así hubiera sido, se habría quedado sin programa de actuación en el primer tercio de su mandato). Y las dijo con menos retórica populista que en otras ocasiones, lo que es también de agradecer. Seguramente, Bilbao trata de llevar los billetes a la cartera de la Diputación cuando propone reducir el porcentaje de los recursos fiscales que van al Gobierno vasco, tras una revisión de las cargas asumidas por cada institución en lo que a protección social se refiere. Pero nadie podrá objetar la necesidad de abordar una redistribución clara y racional de las competencias en esta materia, aplicando el principio de subsidiariedad y dando entrada en la discusión -y en el reparto del dinero-, a los ayuntamientos, los grandes ninguneados de nuestro autogobierno.

Pocos se sorprenden ya en Euskadi de que sean unas instituciones de ámbito provincial las que diseñen y ejecuten, a costa de endeudarse en sumo grado, autopistas y autovías de interés claramente general; o de que, por poner otro ejemplo de signo contrario, los fondos de la renta básica y otras ayudas sociales dependan de una institución tan alejada físicamente de sus beneficiarios como el Gobierno vasco. Porque no deja de ser curioso que, mientras se pone en solfa con toda ligereza el Estatuto de Gernika en lo que se refiere a las relaciones con el Estado, los equilibrios internos entre el Gobierno vasco y las diputaciones nacidos de aquél tienden a convertirse en fósiles, por intocables. Es positivo, así mismo, que el diputado general de Vizcaya suscite un debate sobre la orientación de la pendiente reforma fiscal y advierta de partida que no hay mago que obre el prodigio de obtener más recursos con nuevas rebajas de impuestos. Y es estimulante que abra una discusión a la alemana sobre el sentido de algunas de las deducciones vigentes en el impuesto sobre la Renta y la eficacia de los incentivos a la inversión en el de Sociedades.

Efectivamente, habría que hacer balance y repasar cuántas inversiones realmente nuevas se han atraído y cuántos empleos fijos se han creado con las generosísismas ayudas fiscales ofrecidas desde 1995 a las empresas por las Diputaciones forales. Aunque sería igualmente oportuno recordar el rasgado de vestiduras de las instituciones vascas cuando la Comisión Europea y los tribunales realizaron, en términos de reproche, ese mismo cuestionamiento de unos incentivos que han expuesto la cara más regalada (y menos trascendente) del Concierto Económico.

Bienvenido sea el debate, al fin, sobre aportaciones, servicios sociales, política fiscal; sobre tantos asuntos que en Euskadi pasan desapercibidos, cuando no se escamoteados a la discusión pública, bajo el altar de la Gran Decisión. Porque es la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre esas pequeñas decisiones lo que acredita la vitalidad y madurez democráticas de una sociedad.

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