¿Por qué le molesta la paridad al PP?

El empeño del PP en eliminar recientes conquistas sociales, como la paridad, es difícilmente justificable ante la ciudadanía, pero no sorprendente. En efecto, se trata de un empeño tenaz, digno de mejor causa, este esfuerzo con el que el PP se está empleando para perseguir, hasta sus últimas consecuencias, diversas iniciativas adoptadas por el PSOE que significan una ampliación de derechos para aquellos y aquellas que hasta ahora, no los podían disfrutar.

Tras una semana de declaraciones contradictorias, parece que finalmente sus dirigentes (¿Rajoy, Acebes?) han optado por presentar recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir que las personas homosexuales en nuestro país puedan disfrutar del derecho al matrimonio, en lo que cabe interpretar como un triunfo de las tesis más reaccionarias dentro de este partido, y la consecuente derrota de destacadas y destacados militantes que, más por oportunismo político que por convicción, han manifestado públicamente su temor a la lectura que la sociedad hace de semejante iniciativa: el PP está en contra de la normalización de la población homosexual y de su consideración como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Siguiendo esta misma estela, marcada desde FAES y asumida desde el PP, hemos conocido esta semana la interposición de un nuevo recurso de inconstitucionalidad, en este caso contra el derecho de las mujeres andaluzas a formar parte de nuestro Parlamento en igualdad de condiciones a los hombres.

Es el cuarto recurso que presenta el PP en España con este mismo objetivo: en 2002 ya recurrieron la Ley 6/2002 de Paridad de Baleares, de 21 de junio (gobernada entonces por el PSOE) y la Ley 11/2002 de 27 de junio, con el mismo objetivo en Castilla la Mancha. Ya este año, el pasado 2 de junio, también recurrió la Ley vasca de paridad entre sexos en la Administración y el Parlamento Vasco.

Los argumentos presentados en todos estos casos están fotocopiados. Se conoce que les han pasado la doctrina al respecto y la reproducen miméticamente en cualquier lugar de España.

Y ahora ha tocado en Andalucía. Las razones expuestas por el PP para impugnar la Reforma de la Ley Electoral Andaluza, aprobada por todos los grupos del Parlamento, excepto el Popular, el pasado 12 de abril, merecen algunos comentarios. Veamos:

El PP esgrime que "en el seno de la actividad política de la Comunidad de Andalucía en general, o en el Parlamento en particular, es extremadamente dudoso (sic) que un determinado género parta de una situación de postergación". Esta afirmación no resiste un mínimo cotejo con la realidad. Las mujeres andaluzas no están aún en igualdad de condiciones con los hombres, ni en materia de empleo, ni en reparto de cargas familiares, ni en oportunidades de participación en la actividad pública.

Si hay parlamentarias andaluzas, no se debe al esfuerzo del PP por incluir a las mujeres en sus listas electorales en igual número a los hombres. En la presente legislatura, el PSOE aporta al Parlamento andaluz el 65,2% de las parlamentarias, y el PP sólo el 32,6%. Si para los populares esta última cifra es suficiente, para las aspiraciones de igualdad de las andaluzas, no.

Añade el PP en su recurso que al igual que se garantiza por la Ley de Paridad la presencia de las mujeres en las listas electorales, habría también que garantizar un cupo a "otras categorías o segmentos sociales: los ancianos, los jóvenes o los discapacitados".

La zafiedad de este argumento muestra bien a las claras que el PP no ha entendido nada en relación con las políticas de género e igualdad.

Las andaluzas no somos un colectivo social con características homogéneas y diferenciadas del núcleo central común de la población. Somos la población. La mitad de la población de Andalucía, con los mismos derechos que la otra mitad.

Olvida el PP interesadamente que los ancianos, jóvenes o discapacitados, son previamente, hombres o mujeres, que viven cualquier otra circunstancia de edad, capacidad, procedencia o nivel social, desde su realidad previa de ser hombres o mujeres, de tal forma que cualquier persona pertenece en primer lugar a uno de los dos sexos que conforman básicamente la población.

El PSOE de Andalucía al apoyar la Ley de Paridad, está defendiendo que nuestro Parlamento se parezca lo más posible a la sociedad que aspira a representar, que está formada por hombres y por mujeres a partes iguales.

Por esta misma razón el Parlamento está compuesto por personas que representan a todo nuestro territorio, para parecerse a Andalucía, para integrar en él, toda nuestra diversidad geográfica. Aunque, de forma extraordinaria las personas mejor preparadas estuvieran concentradas en un territorio concreto de nuestra Comunidad, el Parlamento compuesto sólo por ellas, en función de su mérito y capacidad (según la teoría del PP), no sería un Parlamento legítimo, porque no representaría la diversidad andaluza.

El PP ignora, también interesadamente, la validez jurídica y la conveniencia política de utilizar un instrumento fundamental en las políticas públicas de igualdad: el principio de acción positiva, sustentado en el mandato constitucional recogido en el art. 9.2 de nuestra Constitución que obliga a los poderes públicos a "remover los obstáculos que impidan la igualdad".

Con la presentación de estos recursos, el PP nos está mostrando claramente la sociedad que quiere imponer rechazada mayoritariamente en las urnas y apelada ahora ante los tribunales: aquella en la que no todos los ciudadanos y ciudadanas pueden disfrutar de la plenitud de sus derechos cívicos. Para esta gente, los únicos que tienen todos los derechos, poseen un perfil muy claro: hombre, heterosexual, conservador y nacionalista español (porque los otros son estigmatizados directamente como separatistas).

Para el PSOE, la extensión de plenos derechos de ciudadanía a todos y a todas, como la participación, el matrimonio o la protección contra los malos tratos es un objetivo político apasionante incluyente, cohesionador y democrático, que sitúa a Andalucía en clave de igualdad y de futuro. En el pasado se quedan otros.

Maribel Montaño es secretaria federal de Igualdad del PSOE y parlamentaria andaluza.