Una juez desoye la petición del PSOE de suspender un juicio por una demanda de Osuna

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz, Concepción Carranza, desatendió ayer la petición del diputado del PSOE Rafael Román de que no se celebrara el juicio por la demanda de protección al honor que le interpuso el ex delegado del Partido Popular en la Zona Franca gaditana Miguel Osuna por acusarle de "amparar" los numerosos escándalos de su antecesor Manuel Rodríguez de Castro, también del PP. Román pidió la suspensión al entender que no tiene sentido juzgarle cuando Osuna ha sido imputado recientemente por otro juzgado por un presunto delito societario.

Los juzgados de Cádiz acogieron ayer el primer juicio por los escándalos de la Zona Franca gaditana. Sin embargo, en el banquillo de los acusados no se sentó ningún dirigente del PP, formación que gestionó el organismo franco entre 2000 y 2004, periodo en el que según la Abogacía General del Estado, la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas se cometieron numerosas irregularidades.

El acusado era el diputado nacional del PSOE por Cádiz y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Román.

Este dirigente acusó a finales del año pasado a Miguel Osuna de ser "cómplice" de las irregularidades de Rodríguez de Castro denunciadas por el Tribunal de Cuentas. Las alegaciones que presentó Osuna a este órgano fiscalizador en defensa de su antecesor son una "evidencia" para Román de que Osuna "intentó tapar" estas denuncias.

Contratos

Otra de las razones que adujo Román para acusar a Osuna es que mantuvo los contratos millonarios, supuestamente irregulares, que firmó su antecesor con Miami Free Zone (empresa con sede en Estados Unidos) y con Telvent Interactiva (filial de Abengoa) para crear una red informática que nunca llegó a funcionar.

Precisamente, el juzgado número 4 de Cádiz ha aceptado a trámite una querella de la Abogacía General del Estado y de la Zona Franca en la que acusan a Osuna de un presunto delito societario por mantener y autorizar los últimos pagos de estos contratos "claramente fraudulentos", y de cuyas irregularidades tuvo conocimiento Osuna, según la Abogacía del Estado.

Así las cosas, el abogado de Román, Gabriel Escalante, pidió la suspensión de este juicio hasta que la justicia no falle sobre la participación de Osuna en los desmanes denunciados durante la gestión del PP en la Zona Franca. La juez no atendió esta petición y comenzó el juicio, al que no acudió Román. "No acudo porque tengo obligaciones en el Congreso de los Diputados y porque los autores de los escándalos quieren cambiar los papeles y que nos defendamos como si fuéramos culpables los que hemos denunciado esos desmanes", afirmó Román, quien dijo contra Osuna: "Quieren presentarse como víctimas quienes han cometido o autorizado las irregularidades". La juez no atendió esta petición y ha obligado a Román a declarar mañana viernes o dentro de dos semanas, fecha que deberá acordar con la magistrado.

Si acudió Miguel Osuna, quien criticó en duros términos la ausencia del dirigente socialista. "La excusa de Rafael Román de no acudir porque está en el Congreso no es creíble porque hace cuatro meses que conoce la fecha de la citación y podría haber buscado una solución", dijo Osuna, quien se mostró "muy satisfecho" por el desarrollo de las declaraciones de los testigos, entre los que figuraban directivos de la Zona Franca y de la empresa Telvent Interactiva.

El dirigente popular reiteró que su honor "fue dañado" por las declaraciones de Rafael Román. "Me alegro mucho de que Román tenga que declarar en los juzgados, ya que con la cantidad de cosas que dijo lo menos es que declare y ofrezca una explicación sobre los tres delitos que me ha imputado", afirmó Osuna.