La Conferencia Episcopal apoya la manifestación contra la reforma educativa

Lo más granado del episcopado español está reunido desde ayer en Madrid para preparar la batalla eclesiástica contra la reforma educativa que el Gobierno socialista remitió antes del verano al Congreso y que éste debatirá el próximo mes. Las relaciones de la Iglesia católica con el Ejecutivo "no están claras", hay "muchas dificultades para lograr acuerdos", dijo el obispo Antonio Dorado poco antes de iniciar sus trabajos la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, a la que pertenecen dos cardenales, siete arzobispos y trece obispos. Dorado mostró su apoyo a la manifestación contra la reforma educativa que prepara para noviembre la Confederación Católica de Padres de Alumnos.

Antonio Dorado es obispo de Málaga, preside desde marzo pasado la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal y no figura entre los halcones del episcopado. Pero ayer dio por sentado que la jerarquía española apoyará todas las movilizaciones contra el Gobierno anunciadas antes del verano por la Confederación Católica de Padres de Alumnos y de Familia (Concapa), a causa del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE). El propio Dorado no descartó acudir en persona a la manifestación contra esa reforma, sin fecha todavía, como hicieron una veintena de prelados, entre ellos el cardenal Antonio María Rouco, cuando el Foro Español de la Familia tomó las calles de Madrid, el 18 de julio pasado, para protestar contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

La ofensiva episcopal contra el actual Gobierno viene de lejos, pero tomó caracteres de ruptura total cuando el Ejecutivo socialista decidió legalizar el matrimonio homosexual e introducir reformas en la LOE sin negociar antes con la Conferencia Episcopal.

El último acto del enfrentamiento se produjo cuando el Ejecutivo remitió a las Cortes el proyecto de ley educativa, el mismo día, viernes 22 de julio pasado, en que estaba convocada por la mañana (y anunciada a la prensa) una reunión de la Comisión Mixta Gobierno-Conferencia Episcopal para limar discrepancias y llegar a posibles acuerdos.

"Engañada"

La Conferencia Episcopal se consideró entonces "engañada" y desairada, y dijo quedar libre de compromisos. "Hay años en los que, aunque llueve poco, las aguas bajan muy revueltas", declaró entonces el presidente de los obispos, el moderado Ricardo Blázquez.

Dorado, también moderado, calificó de nuevo ayer de "sorprendentes" y "de cosa inesperada" las modificaciones introducidas a última hora en la reforma socialista, en concreto al estatuto de los profesores de religión católica en la escuela pública (unos 18.000), que ahora contrata y paga el Estado, pero que seleccionan los obispos cada curso. También señaló que, "por ahora", no hay ninguna reunión prevista con el Ejecutivo.

En realidad, precisó, el proyecto de ley está ya en las Cortes porque el Gobierno así lo decidió, "por consiguiente, difícilmente el Ejecutivo es ya un organismo de diálogo". No obstante, expresó su confianza en que puedan introducirse modificaciones en el trámite parlamentario, "en diálogo con los representantes de los partidos políticos".

La manifestación convocada por la Concapa para el mes de noviembre tendrá el apoyo de la Conferencia Episcopal, aunque "todavía está por decidir", precisó el máximo responsable de la política educativa episcopal. "Yo creo que aunque no la promueva la Conferencia Episcopal, esa manifestación es legítima y hay motivos para ella". Sobre si tiene previsto acudir a la misma dijo: "No lo sé, todavía no lo he decidido".

Preguntado sobre si el tema de la asignatura de religión es el más importante en las complicadas relaciones del episcopado con el Ejecutivo, el obispo de Málaga replicó: "Es un tema importante, pero el fundamental es el hecho del recorte del derecho de los padres para elegir la educación que desean para sus hijos. La clase de religión supone una dificultad muy grande para ser fieles a la Constitución y a los acuerdos Iglesia-Estado".

Además de los obispos Blázquez (Bilbao) y Dorado (Málaga), muchos otros prelados han expresado su severo disgusto por el proyecto educativo socialista. El primero en hacerlo fue el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que dijo en julio pasado que el texto "no corresponde a las exigencias de la Constitución", ni a los acuerdos de España con la Santa Sede ni al "bien del hombre".

Desde entonces, se han sucedido las opiniones críticas de los obispos de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella; de Terrassa, Josep Ángel Saiz; de Huesca, Jesús Sanz; de Ourense, Luis Quinteiro; de Urgell, Joan Enric Vives; de Jaén, Ramón del Hoyo; de los arzobispos de Toledo, Antonio Cañizares, y de Pamplona, Fernando Sebastián. También ha sido muy crítico el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo.