Argelia decide en las urnas si apoya la reconciliación y el final de la violencia

"Ha llegado la hora de poner fin a una tragedia que ha durado demasiado. Ofrezco mi mano a todos los descarriados que permanecen aún en el maquis". En tono casi dramático, con discursos salpicados de versículos coránicos, el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, repite machaconamente estas frases en los mítines que convoca para tratar de convencer a los argelinos de que den su aval en las urnas a su proyecto de reconciliación en el referéndum nacional que se celebra mañana. Con su Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, Buteflika intenta poner fin a cerca de tres lustros de violencia.

Aunque con mucha menos virulencia, el terrorismo islamista sigue azotando a Argelia. El Grupo Salafista de Predicación y Combate (GSPC), vinculado a Al Qaeda, asesinó en la última semana a 12 miembros de las fuerzas de seguridad y a tres civiles.

A los centenares de barbudos -entre 400 y 800, según las estimaciones- que aún empuñan las armas Buteflika quiere ofrecerles una salida. Pero, a través de la consulta popular, busca también acrecentar sus poderes e intentar además pasar a la historia como el presidente que supo reconciliar a 32 millones de argelinos.

La guerra civil larvada que padeció el país en la década de los noventa causó 150.000 muertos, según el propio Buteflika, costó 23.000 millones de euros y paralizó el desarrollo. Hubo también, según un informe oficial, 6.146 desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Las organizaciones de derechos humanos triplican esa cifra.

Para pasar la página de la década roja de la violencia Buteflika propuso el mes pasado aprobar en referéndum una Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional.

6.000 combatientes

Durante su primer mandato presidencial, en 1999, ya promulgó la llamada la ley de Concordia Civil, que incitó a 6.000 combatientes islamistas a entregar las armas, aunque esta cifra es puesta en duda por sus adversarios políticos.

La Carta sobre la que los argelinos se pronunciarán mañana estipula que no serán procesados los islamistas que se rindan a las autoridades, cesen en su actividad armada y entreguen las armas.

Los condenados en rebeldía tampoco tendrán que ir a la cárcel, y aquellos que se encuentren ya tras los barrotes por "apoyar el terrorismo" serán indultados o verán recortadas sus condenas.

No podrán, sin embargo, beneficiarse de estas medidas de clemencia "los implicados en matanzas colectivas, en violaciones y en atentados con explosivos perpetrados en lugares públicos", actos terroristas de los que la reciente historia de Argelia está plagada. "No es una amnistía general", repite Buteflika en sus intervenciones públicas.

En cuanto a los miles de "desaparecidos" -es decir, de los militantes islamistas y sus familiares secuestrados por los servicios de seguridad argelinos-, la Carta rechaza "cualquier intento de hacer asumir por el Estado la responsabilidad del fenómeno". "Los actos reprobables de agentes del Estado, que han sido sancionados por la justicia cada vez que han podido ser establecidos, no pueden servir de pretexto para desacreditar al conjunto de las fuerzas del orden", concluye el texto de la Carta.

En resumen, las detenciones y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los servicios de seguridad argelinos en el pasado quedarán impunes. El Estado indemnizará, no obstante, a "las familias cuyos miembros se han visto implicados en acciones terroristas". Pero la Carta no precisa ni las cuantías ni las modalidades de reparación. Las indemnizaciones serán probablemente generosas porque los ingresos de las exportaciones de petróleo hacen que las arcas públicas argelinas se encuentren a rebosar.

La iniciativa presidencial de referéndum ha sido secundada por el Frente de Liberación Nacional (FLN), el antiguo partido único cuyo control recuperó hace un año Buteflika, y de sus aliados parlamentarios del Reagrupamiento Nacional Democrático y de los islamistas moderados del Movimiento de la Sociedad y de la Paz.

Coalición heterogénea

Por sorprendente que parezca han brindado también su apoyo al presidente el pequeño Partido de los Trabajadores, de inspiración trotskista, y algunos de los antiguos dirigentes exiliados del poderoso Frente Islámico de Salvación, disuelto en 1992. La Carta les permite regresar a Argelia en libertad, pero les prohíbe participar en cualquier actividad política. Esta coalición heterogénea monopoliza los medios de comunicación audiovisuales, todos ellos en manos del Estado, los polideportivos donde se celebran los actos electorales y las vallas publicitarias en las que se ve, por ejemplo, a Buteflika con una paloma de la paz posada en su muñeca.

Entre los detractores de la Carta se encuentran partidos de oposición, organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones de familiares de desaparecidos. Pero estos sectores apenas logran hacerse oír en Argelia a través de los diarios independientes. Ni siquiera han obtenido autorización para alquilar una sala para poder celebrar un mitin.