López Aguilar califica de políticas las críticas del Poder Judicial a los consejos de justicia

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró ayer que las comunidades autónomas son "globalmente favorables" al proyecto de reforma de la ley orgánica judicial que amplía las competencias de los tribunales superiores de justicia e introduce los consejos de justicia autonómicos y la justicia de proximidad. El ministro criticó las valoraciones "estrictamente políticas" contenidas en escritos de algunos vocales del Consejo del Poder Judicial y que el PP quiera hacer de este organismo una "tercera cámara".

López Aguilar presidió ayer la IV Conferencia Sectorial de Justicia, a la que asistieron los representantes del sector de las distintas comunidades y ante los que defendió las reformas que impulsa su departamento. Según explicó ante los medios informativos, la valoración de las comunidades autónomas es "globalmente positiva" al conjunto del proyecto y en particular a la creación de los consejos autonómicos de justicia, así como a la disposición del Gobierno a mejorar un anteproyecto que es "perfectible".

Preguntado por un reciente informe de la Comisión de Estudios del CGPJ, López Aguilar precisó que no es un informe del Consejo, "sino de algunos de sus vocales", y aunque todas las opiniones son respetables, "no es la primera vez que los escritos que se someten a votación en el CGPJ contiene valoraciones estrictamente políticas, que juzgan las intenciones políticas del Gobierno".

El ministro insistió en que la reforma deja intactas las competencias del Consejo del Poder Judicial y acusó al PP de "hipocresía", "doble lenguaje" y de hacer un "ejercicio de cinismo" al criticar los consejos de justicia pese a que en Valencia PP y PSOE han pactado la posibilidad de crear uno.

De los representantes de las autonomías, sólo la directora general de Justicia de la comunidad madrileña, María José Pérez-Cejuela, señaló que un consejo de justicia para Madrid "tiene otras prioridades", como sacar adelante la carga de trabajo y dotar a los juzgados de material tecnológico, por lo que, de momento, no va a imitar a Valencia. Pérez Cejuela criticó que los jueces de proximidad no sean "jueces de carrera" y "vayan a ser elegidos de alguna manera por los plenos de los ayuntamientos".

En el extremo opuesto, el consejero de Justicia vasco, Joseba Azkarraga, señaló al plan Ibarretxe como origen del debate de la descentralización del Poder Judicial y valoró el "esfuerzo" del ministerio para decidirse a abordar esta cuestión. Pero a renglón seguido reclamó la reforma del Tribunal Constitucional para que haya en su seno "sensibilidades autonómicas", el reconocimiento de las lenguas autonómicas en la justicia en todas las instancias y la cesión de competencias respecto de los cuerpos nacionales de funcionarios.

El consejero catalán, Josep Maria Vallés, destacó que la Generalitat es consciente de que el servicio de la Administración de justicia debe respetar la unidad del Poder Judicial y su independencia, pero eso "es perfectamente compatible con una mayor intervención de las comunidades en la gestión". Vallés valoró la creación de los juzgados de proximidad porque dan a las comunidades que lo deseen "la posibilidad de salir al paso de pequeños conflictos en núcleos urbanos".

En una posición intermedia, el representante de la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa i Torner, respaldó los consejos autonómicos "siempre y cuando no supongan una fractura del CGPJ".