El 'caso Fabra' centra el debate de política general en las Cortes valencianas

Las dos principales fuerzas políticas valencianas, el PP y el PSPV-PSOE, apenas se dieron tiempo ayer para felicitarse por la admisión a trámite la semana pasada en el Congreso de la reforma del Estatuto de Autonomía (Esquerra Unida volvió a manifestar su discrepancia con el proyecto) antes de protagonizar un duro debate de política general en el Parlamento autónomo. Durante la sesión, el caso que afecta al presidente de la Diputación y líder provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, fue esgrimido por la oposición contra el presidente de la Generalitat, el popular Francisco Camps.

En el transcurso de un debate que aportó escasas novedades, tanto el líder de los socialistas, Joan Ignasi Pla, como el portavoz de Esquerra Unida-L'Entea, Joan Ribó, recriminaron a Camps que no haya apartado del partido a Fabra, imputado por supuestos delitos contra la Administración y por fraude fiscal, y le recordaron que le apoyó en unas declaraciones públicas hasta el extremo de vincular a él su futuro político. El presidente valenciano eludió referirse al caso, que fue esgrimido como ejemplo de los escándalos de corrupción que afectan al PP autonómico.

Camps, que describió con un explícito "optimismo" su gestión al frente de la Generalitat, hizo un anuncio durante su intervención en el debate: la supresión del impuesto de donaciones, que completará la ya vigente supresión parcial del impuesto de sucesiones. Camps se alinea, así, con otros dirigentes autonómicos de su partido en relación con la rebaja de impuestos. El jefe del Consell lo argumentó como una medida de apoyo a la empresa familiar.

Por lo demás, Camps reclamó una financiación adecuada de la sanidad por parte del Gobierno que preside el socialista Rodríguez Zapatero, volvió a cargar contra la derogación del trasvase del Ebro y la política hídrica del Ejecutivo y ofreció a la oposición un único acuerdo, un pacto urbanístico que el socialista Pla condicionó a que el PP acepte rectificar dos leyes y retirar un proyecto de ley relativos a este ámbito. La polémica por los abusos urbanísticos volvió a ser uno de los aspectos centrales de fricción entre populares y socialistas valencianos, que se cruzaron reproches sobre la actuación de los ayuntamientos que controlan.