Comerciantes de EE UU denuncian a Visa, MasterCard y varios bancos por pactar precios

Los emisores de tarjetas de crédito Visa y MasterCard se enfrentan a una nueva denuncia colectiva en EE UU por supuestas prácticas anticompetitivas, después de que ayer cuatro de las mayores asociaciones de comerciantes del país les acusaran, junto a varios bancos, de pactar precios. En concreto, se denuncia la conocida como tasa de intercambio, por la que los emisores cobran los gastos de procesamiento de los pagos con tarjeta. Los emisores obtienen un 15% de los ingresos a través de esta tasa, que en EE UU ronda entre un 3% y un 5% del precio de venta.

Las asociaciones denunciantes son la National Association of Convenience Stores (NACS), la National Association of Chain Drug Stores (NACDS), la National Community Pharmacists Association (NCPA) y la National Cooperative Grocers Association (NCGA), que representan a más de 100.000 farmacias y al pequeño comercio.

Junto a Visa y MasterCard, la denuncia incluye, entre otras entidades emisoras de tarjetas, a los grupos financieros Bank of America, Citibank, Bank One, Chase Manhattan Bank, JP Morgan, Chase, Fleet Bank y Capital One. La tasa que aplican al comercio es una de las más altas del mundo y no ha parado de crecer en los últimos años.

Una evolución que se contradice con la que se observa en otros regiones industrializadas, como Europa, donde la tasa bajó del 0,95% al 0,55% de media.

Las cuatro asociaciones consideran que el comportamiento de estas firmas financieras tiene "un impacto significativo en los consumidores" y dicen que "la tasa de intercambio funciona como un impuesto oculto", como señala Hank Armour, director ejecutivo de la NACS. Por eso le acusan de estar llevando una práctica anticompetitiva. Craig Fuller, de la NACDS, que representa a 35.000 farmacias en todo el país, explica que la tasa representa el "el tercer mayor desembolso" del pequeño comercio, junto a los gastos de alquiler y personal.

Uno de los argumentos que utilizan los emisores de tarjetas para justificar esta tasa, además de cubrir los gastos de procesamiento, es el riesgo que corre el banco de que el crédito no sea pagado. En la denuncia colectiva, presentada ayer ante en un tribunal de Distrito en Nueva York, se explica que los costes vinculados al fraude están reduciéndose considerablemente y acusan a estas firmas de estar sacando tajada de un sector que monopolizan.

La denuncia colectiva busca obligar a los emisores de tarjetas a que procedan a una reforma del sistema y recuperar los daños ocasionados por esta conducta, según el consejero general de la NCPA, John Rector, asociación que representa a 24.000 farmacias en EE UU. "No se trata de conseguir un alivio temporal", concluyó el ejecutivo, que considera que el sistema discrimina al pequeño comercio. "Queremos un sistema justo y competitivo", remachó.

Antecedentes

La acción judicial de las cuatro asociaciones de comerciantes llega casi un año después de que Visa y MasterCard fueran acusadas por la Corte Suprema de restringir la competencia con sus prácticas y obligarles a dejar que los bancos que operan tradicionalmente con sus tarjetas puedan emitir dinero plástico de Discover -filial de Morgan Stanley- y American Express. Las dos emisoras de tarjetas rivales reaccionaron de inmediato y les denunciaron bajo la acusación de que con sus prácticas estaban intentando marginarlas del mercado.

Un año antes, un tribunal de Nueva York había declarado ilegal el acuerdo en exclusividad que Visa y MasterCard tenían con los bancos, entre los que se incluían entre otros JP Morgan Chase, Bank of America, Capital One, Bancorp, HSBC, Wells Fargo, Providian Financial y USAA Federal Savings Bank. Estas dos sentencias abrieron la vía para que se pudieran presentar nuevas denuncias contra los dos grandes emisores de tarjetas de créditos por sus prácticas anticompetitivas.

Un veredicto contra las dos compañías que, según los analistas, podría costarle cientos de millones de dólares. Hace dos años, Visa y MasterCard desembolsaron 2.000 millones de dólares y 1.000 millones, respectivamente, para zanjar una demanda de comerciantes, en la que acusaban a las dos emisoras de trajetas de crédito de imponerles tasas excesivas.