A la caza de inversiones para la Copa

La Copa del América es una gran oportunidad para Valencia y exige inversiones en infraestructuras y en el embellecimiento de la ciudad que acoge la competición de vela de 2007. Una declaración de principios que podrían suscribir populares y socialistas, pero cuya concreción ha estado salpicada de polémicas desde que Valencia fue designada sede del acontecimiento en noviembre de 2003. Desde puentes y el AVE con Madrid hasta la climatización de un pabellón de deportes, pasando por nuevos jardines y autobuses urbanos. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, ha elaborado en los últimos dos años varias listas de peticiones de inversión dirigidas al mismo destinatario: el Gobierno. Aunque con matices, porque Barberá inició la carrera hacia 2007 de la mano del Ejecutivo de José María Aznar y desde las elecciones generales de 2004 trata el asunto con los socialistas. Las quejas sobre la supuesta falta de implicación del Gobierno socialista en el proyecto han marcado el discurso de la alcaldesa y del PP.

El primer avance de las expectativas de la alcaldesa vio la luz en junio de 2004, cuando viajó a Madrid acompañada del consejero de Economía, Gerardo Camps, con una carpeta bajo el brazo que cifraba el coste de la Copa del América en 1.600 millones de euros. Un número redondo para pagar todas obras de la dársena del puerto, el traslado de empresas para despejar suelo y construir una marina urbana, y una larga lista de infraestructuras, tanto de competencia estatal como municipal. Por pedir, el Ayuntamiento incluso mencionó un puesto propio para la Copa en Fitur.

Pero ni Barberá ni Camps se ofrecieron a poner dinero. En esta tesitura, el ministro de Economía, Pedro Solbes, advirtió de que analizaría "los márgenes de gasto disponibles". Un primer aviso de que esperaba la implicación financiera de las administraciones valencianas. Barberá aseguró al día siguiente que ya había planteado estas inversiones al anterior Ejecutivo del PP, pero lo cierto es que no había compromisos en firme y ninguna previsión encontró acomodo en los presupuestos generales para 2004. La idea de Barberá de financiar las obras en la dársena con la conversión de suelo portuario en espacio de ocio, terciario y viviendas no gustó al Gobierno. Y visto que el Ayuntamiento y la Generalitat insistían en que ya aportan su parte al canon de 90 millones de euros que cobrará la empresa suiza ACM por celebrar las regatas en Valencia -el Estado comparte esa factura-, el Ejecutivo reclamó mayor peso en el Consorcio Valencia 2007, que reúne a las tres administraciones. Si debía aportar el dinero -vía presupuestos y con la explotación de la dársena después de las regatas-, ejercería el control.

Los cambios en el Consorcio se consumaron en octubre de 2004 tras siete meses de reproches cruzados que dejaron en segundo plano las reclamaciones de inversión de Barberá para la ciudad. Obras que son de competencia local y forman parte de "las actividades ordinarias de un municipio", puntualizaba el Gobierno.

Nació así otra lista, en la que Barberá planteó endeudar al Ayuntamiento de forma extraordinaria en 241,11 millones de euros para urbanizar barrios, remodelar la avenida del Puerto, y acometer actuaciones en polideportivos, centros de juventud, mercados y rehabilitaciones. El Gobierno autorizó un gasto extra de 50,8 millones de euros para no hipotecar aún más las cuentas municipales y exigió que se destinara a la avenida del Puerto, el jardín del futuro Parque Central y la fachada marítima. Luego aceptó subir la deuda en otros 14 millones tras la mediación a de Antonio Cañuelo, presidente vecinal de Valencia recientemente fallecido. Barberá no quedó satisfecha y acusó de nuevo al Gobierno de no poner dinero en la Copa del América, otro rifirrafe en el que el Ejecutivo contestó que ella era la que no había puesto ni un euro.

Tras un impasse, la alcaldesa ha vuelto a enviar una lista a Solbes la semana pasada -con los presupuestos de 2006 casi cerrados- de las "necesidades más urgentes" de Valencia, la mayoría obras que el Gobierno ya tiene en tramitación o estudio. Al contrario que en el caso de los Juegos Olímpicos de Barcelona, con una larga planificación, buena parte de las obras no estarán terminadas para la Copa del América, motivo por el que se piden inversiones de al menos 776 millones de euros. En varias de las obras, el presupuesto que propone Barberá coincide con el que adelantó el Ministerio de Administraciones Públicas en enero al replicar, ante una nueva polémica, que ya había inversiones en marcha o previstas por 935 millones de euros.

Citaba el ministerio y así lo reprodujo en su lista la alcaldesa, 91,5 millones de euros para el soterramiento del ferrocarril de El Grau-La Punta. El Ministerio de Fomento, sin embargo, dice que aún no hay previsión de abordar ese proyecto, para el que el Ayuntamiento impuso cargas urbanísticas en el PAI de la avenida de Francia. También incluyó Barberá una obra comenzada, la nueva terminal de aviación regional en el aeropuerto; un nuevo puente sobre el Turia en fase de redacción de proyecto y la remodelación de otro, también en marcha, o la reforma del parador de El Saler, asimismo con estudio en trámite. Un tercer carril en la A-3 desde Buñol está sometido a un informe de viabilidad y hay proyectos en redacción para ampliar el by pass. No ha dejado pasar la ocasión la alcaldesa para pedir que se reflejen en los presupuestos los 419 millones que el Estado aportará al soterramiento de vías en la ciudad en el marco del convenio del Parque Central, que Barberá firmó con el anterior Gobierno del PP sin esa exigencia ni pedir plazos. El planeamiento de la zona aún no está aprobado.

En esta lista también exige que conste la cuota del canon a ACM, lo que resulta obvio, y pide 2,3 millones de euros para los centros municipales de la Fuente de San Luis, pistas de atletismo y La Petxina, apelando a eventos deportivos. La pugna por las inversiones y especialmente el futuro de la dársena del puerto no ha terminado, aunque se vislumbra una posible mejoría en las relaciones de Barberá con el Gobierno tras una conversación "sincera, esperanzadora y clara" con el ministro Jordi Sevilla, que en su visita a Valencia esta semana no dejó de echar flores a la alcaldesa.