La polémica de sindicatos y vecinos marca el inicio de las obras de El Puerto III

El Gobierno ha iniciado este verano la construcción de la nueva macrocárcel Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz). El proyecto ha originado una airada polémica entre portavoces sindicales, a favor de la iniciativa, y representantes vecinales, que desconfían de la concentración de población reclusa en la localidad gaditana. Cuando se ocupe Puerto III, las tres cárceles ubicadas en este municipio sumarán más de 2.000 presos, el doble que en la actualidad.

La nueva instalación se suma a las anteriores cárceles Puerto I, un centro de máxima seguridad con una población reclusa de 350 personas y Puerto II, con 750 internos, que han convertido a la ciudad en la "capital de las prisiones", según sus detractores. La creación de una nueva prisión fue decidida por el anterior gobierno del PP para aliviar el hacinamiento de presos en las cárceles andaluzas. Una situación que "ha llegado a suponer un serio problema de convivencia y de seguridad para los funcionarios", según explica Juan Carlos Sánchez, del sindicato de prisiones ACAIP.

Los sindicatos han advertido en varias ocasiones del riesgo de enfrentamientos que ponen en peligro la integridad de los funcionarios, obligados a velar por la seguridad de un número superior de internos del que les corresponde. Según varias organizaciones, como la Asociación Pro Derechos Humanos, las cárceles andaluzas están saturadas (el nivel ideal de ocupación se ha sobrepasado en un 60%), problema del que sólo se salvan Puerto I y Alcalá de Guadaira. La población reclusa ronda las 13.000 personas y ha crecido más de un 30% en los últimos cuatro años.

Para los sindicatos, Puerto III es una buena noticia. "Dará empleo a unos 600 trabajadores, de ellos unos 500 funcionarios y el resto empleados de servicios y mantenimiento", asegura Sánchez. Será la mayor prisión que se construye en España desde 1998, con un presupuesto de 57 millones de euros. Las obras se han iniciado en una parcela de 30 hectáreas cerca de los otros dos centros penitenciarios, en la zona norte de la ciudad.

El complejo contará con una superficie construida de 90.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para 1.008 presos. La instalación dispondrá de 16 módulos controlados por un nuevo sistema electrónico de seguridad que facilitará la labor de los funcionarios y optimizará las condiciones del recinto. El centro ofrecerá, además de 40 locutorios, 22 salas familiares y otras tantas para encuentros vis a vis. La obra está siendo desarrollada por una unión temporal formada por Dragados y la constructora local Sierra de San Cristóbal.

"La nueva cárcel generará riqueza en la ciudad", afirma el alcalde de El Puerto, el independiente Hernán Díaz Cortés. El alcalde ha defendido desde el primer momento la inversión y ha agilizado los trámites urbanísticos necesarios. Una actitud que ha enfadado a varios colectivos vecinales. "Es un hecho que existe una relación directa entre la concentración de población reclusa y el aumento de la inseguridad", es la opinión del Foro Local, una federación que aglutina a asociaciones vecinales portuenses. Para uno de los portavoces vecinales, Augusto Tolón, las dos cárceles existentes "ya han supuesto suficientes problemas para la ciudad" y han demostrado un incremento de la inseguridad que no ha sido compensado con el aumento de policías.

"No hablamos mal de los presos, sólo constatamos un hecho, pedimos que establezcan soluciones, y que no se incremente el problema", agrega Tolón. "Lo solidario es el reparto de centros de esta naturaleza en varias localidades para evitar la concentración en un solo punto", concluye. Un criterio que compartió la ex consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, en la pasada legislatura, cuando se conoció el proyecto del Gobierno del PP. Instituciones Penitenciarias, dirigida ahora por el PSOE, mantiene que la concentración de las cárceles optimiza los recursos y garantiza niveles de seguridad.